La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, Inredh, en un comunicado difundido a los medios de comunicación denunció lo que sería la falta de atención en una de las fiscalías de la provincia de Manabí. En el comunicado se detalla lo siguiente:
Este lunes, 22 de junio del 2020, el presidente de la Urbanización MIDUVI de Canoa, Luis Ayala, acudió a la Fiscalía de San Vicente, en la provincia de Manabí, para buscar medidas de protección adecuadas a raíz de las amenazas recibidas en contra de su integridad física. Sin embargo, al llegar a esta institución, se le negó el acceso a éstas medidas al no haber secretario, el cual está a la espera de designación por parte de la autoridad en Portoviejo.
El día 17 de mayo del 2020, a las 15h52, se elaboró el parte policial de la Dirección Nacional Preventiva Comunitaria, en la parroquia Canoa, suscitado a través de una alerta del 911. Según lo relatado en este parte, el policía acudió al lugar de los hechos en donde se encontraba Ayala, “donando agua potable a varias casas de dicha ciudadela, y es allí que un ciudadano le sale con un arma blanca (machete), que por qué a la casa de él no le da agua, por lo que se explicó que ya se había terminado”. Además, en ese momento Ayala no solo estaba donando agua sino también colocaba carteles que visibiliza la problemática de Canoa, incluso en ese instante de intento de agresión estaba presente un concejal; no obstante, cuando la policía llegó, la persona portadora del machete ya no se encontraba en el lugar.
Una semana después del altercado, Ayala se acercó a la Fiscalía a poner una denuncia; sin embargo, ésta no fue receptada debido a la falta de atención de esta institución. En una segunda ocasión, al enterarse de que el parte policial no lo tenía la Fiscalía, preguntó y le dijeron desde la Policía que ya lo iban a enviar. Esto sucedió por una ocasión más, lo que produjo que por tres semanas consecutivas no haya tenido una respuesta efectiva por parte de la Fiscalía para comenzar con las investigaciones pertinentes por la amenaza.
A pesar de que no lo enviaron directamente las autoridades policiales, como es el procedimiento adecuado, el ciudadano llevó la copia del parte policial a la Fiscalía, quienes le respondieron que regresara en una semana más para la boleta de citación y para la extensión de una boleta de auxilio.
Sin embargo, no fue posible continuar con la denuncia. Ayer, Ayala al hablar con el fiscal directamente recibió como respuesta que al no contar con un secretario no se podía realizar ninguna de las gestiones pendientes. “Ha pasado más de un mes de la noticia de la amenaza del machete y no existe ninguna respuesta por parte de las autoridades competentes ni el inicio de una investigación de lo sucedido”, explica Ayala.
Además, cabe mencionar que estos intentos de agresiones no son los únicos que ha recibido el dirigente. También, a través de terceros se le han advertido que quieren hacerle daño, que tenga cuidado y que esté alerta a posibles ataques en su contra, lo que lo ha obligado a tomar medidas de precaución para salvaguardar su integridad. (Boletín)