La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Silvia Sánchez, dictó orden de prisión preventiva, prohibición de enajenación de bienes, prohibición de enajenación de bienes e inmovilización de cuentas contra Fernando Alvarado, secretario de Comunicación en el gobierno de Rafael Correa, que desde el 20 de octubre está prófugo tras escapar del país, donde se lo investiga por supuesto peculado.
Estas medidas cautelares sustituyen a las que Sánchez dictó el pasado 9 de agosto, que consistían en el uso del grillete electrónico, presentación periódica ante la autoridad y prohibición de salida del país.
La jueza también dispuso oficiar a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que emita alerta roja con el fin de ubicar, capturar y extraditar a Alvarado.
El fiscal general, Paúl Pérez, con el apoyo de la Procuraduría General del Estado, hizo este pedido a la jueza en la audiencia de ayer en la que se cambiaron las medidas cautelares.
Sánchez dijo que se reportaron 1.340 alertas del dispositivo usado por Alvarado y esto nunca estuvo en conocimiento del Ministerio de Justicia ni de la Policía, ni del ECU-911.
El consejero de Gobierno, Santiago Cuesta, dijo en una entrevista que la fuga de Alvarado es responsabilidad del Ministerio de Justicia, que allí “le dieron la llave”. “Este ministerio se encontraba con personas altamente conectadas con el correísmo, empezando con Rosana Alvarado, que ya se fue. Fanáticas a muerte del presidente Correa. Lo traicionaron a Paúl Granda (ministro encargado), su error fue no haber botado a todas esas personas”.
En tanto, el Consejo de la Judicatura (CJ) abrió una investigación para determinar si la orden de la jueza sobre la colocación del grillete a Fernando Alvarado se dio luego de que se advirtió que este tipo de dispositivos tenían fallas.
El 29 de agosto pasado, la Judicatura recibió un oficio del Ministerio de Justicia, que está fechado 8 de agosto de 2018, en el que se solicita comunicar a los jueces evitar disponer la colocación de los grilletes electrónicos, debido “a la necesidad de migrar de proveedor de servicios de comunicación”.
Y, además, porque el contrato para la compra de los aparatos era analizado por la Contraloría General del Estado.
Ayer, esta institución divulgó un documento con las conclusiones de ese examen. Entre las irregularidades se mencionan que la cantidad de dispositivos adquiridos no se sustentó en ningún estudio y que no se aplicaron multas a la empresa China National Electronic Import y Export Corporation por retrasos en la entrega. (I)
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