El Gobierno resolvió no extender el estado de excepción en el sistema carcelario de Ecuador, un periodo que ha durado tres meses y en el que se registraron catorce asesinatos.
Según las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), la decisión se tomó debido a que en las últimas tres semanas no se han reportado incidentes violentos entre los casi 40 mil privados de libertad que existen a escala nacional.
De acuerdo a la institución, que los reos hayan sido reclasificados luego de un trabajo de inteligencia y separados por su peligrosidad ha contribuido en que no se registren más ataques.
El 16 de mayo, el presidente Lenín Moreno firmó el Decreto Ejecutivo Nº 741. En este se reconocía «la grave conmoción en algunos centros de privación de libertad».
El SNAI informó además que en septiembre el Consejo de la Judicatura nombrará a nuevos jueces de garantías penitenciarias. Ellos trabajarán en las cárceles más conflictivas de Guayas, Manabi, Azuay y Cotopaxi.
Mientras tanto los militares continúan en los exteriores de los recintos penitenciarios del país encargados de ejecutar las revisiones de seguridad en el primer filtro de acceso a los centros.
Según autoridades de las Fuerzas Armadas, el retiro de los uniformados será de forma paulatina.
Dentro de las cárceles, la seguridad interna estará en manos del cuerpo penitenciario que actualmente está conformado por 1.516 agentes de seguridad. Hasta enero de 2020 se aspira incluir a 500 nuevos guías. (Ecuavisa)
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