Una nueva pugna se abrió entre el Ejecutivo y Legislativo, esta vez por la objeción por inconstitucionalidad al proyecto de reformas al Código Orgánico General de Procesos (Cogep) suscrita por el presidente de la República, Lenín Moreno.
Por unanimidad, los asambleístas miembros de la Comisión de Justicia rechazaron el pronunciamiento del Ejecutivo y lo calificaron como un veto total “camuflado”, por lo que pidieron a la presidenta del Parlamento Elizabeth Cabezasque defienda lo aprobado. Para eso elaboraron un documento con los argumentos que desdicen la supuesta inconstitucionalidad.
La vigencia de este paquete de reformas al Cogep se complica porque cuando un proyecto es objetado por inconstitucionalidades debe ir a la Corte Constitucional(CC) para que en un plazo de 30 días resuelva la supuesta inconstitucionalidad; pero como este organismo se encuentra en vacancia forzada por disposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, se tendrá que esperar la integración de la nueva Corte para analizar el criterio del Ejecutivo.
Luis Fernando Torres (PSC), comentó que el veto aplicado al Cogep constituye una provocación a la Asamblea, porque 111 legisladores de 112 presentes aprobaron el proyecto que buscaba “enterrar al viejo estatismo”, porque con las reformas aprobadas se eleva la condición del ciudadano para litigue en igualdad de condiciones frente al Estado.
Explicó que con las reformas se prohíbe que los jueces hagan lo que venían haciendo, es decir, archivar demandas “porque les da la gana e impidiendo el acceso a la justicia”, pues con las reformas al Cogep -a criterio de Torres- el ciudadano ganaba porque ante un archivo de una demanda puede pedir una aclaración y le permitía acceder a la justicia.
Marcela Aguiñaga (RC), presidenta de la comisión de Justicia, manifestó que se trata de veto total coloquial porque evidentemente, al saber que hay una vacancia de la CC, esto impide dar cumplimiento a lo que dispone la Ley de Garantías Constitucionales, y no queda en el aire, como -según dijo- va a suceder. “El veto provoca un vacío, y queda en el aire su promulgación de un proyecto aprobado por casi uniamidad”.
Franklin Samaniego (RC), resumió que la objeción parcial está compuesta por 44 objeciones parciales por inconstitucionalidad, de las cuales en 31 se alega inconstitucionalidad por vulneración del debido proceso, 34 por supuesta vulnerabilidad jurídica, en 2 se alega vulneración de garantía constitucional normativa, 5 a principios de aplicación del derecho, 4 al principio procesal de celeridad y 1 al principio de debida diligencia.
Henry Cucalón (PSC) refutó el pronunciamiento del Ejecutivo al proyecto y dijo que se trata de un veto total “camuflado” tratando de darle un sustento jurídico, por eso aludió que hay inconstitucionalidades por fondo y por forma, donde habla sobre la seguridad jurídica y del debido proceso, cuando “en la práctica es una afrenta contra la institucionalidad de la Asamblea”. (El Universo)
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