El barrio se ubica en las faldas de un cerro, en la cooperativa Thalía Toral, en el noroeste de Guayaquil. En esa cuadra hay 42 viviendas irregulares, de las cuales 31 son de caña y están en condición deplorable.
Esas estructuras, aunque brindan un techo a las familias que habitan en ellas, se suman -por sus condiciones- al déficit de viviendas que asciende a 2,7 millones en Ecuador. Las provincias más afectadas son Guayas, Manabí y Los Ríos. Juntas concentran el 42% de ese déficit.
La falta de soluciones habitacionales es discutida en la Asamblea Nacional. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) prevé aprobar, hasta este miércoles, el informe para segundo debate de la Ley de Hábitat y Vivienda, que se centra en un nuevo marco normativo para el acceso a una casa digna.
De acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda, el déficit es cualitativo (casas que no cumplen condiciones aceptables de calidad, son consideradas recuperables) y cuantitativo (no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad según su calidad, son consideradas irrecuperables).
En el noroeste de Guayaquil se evidencia, a simple vista, ese tipo de estructuras. Muchas fueron construidas en terrenos irregulares. Se usó cartón, caña y hasta plásticos. Además, se ubican en zonas en las que no hay servicios básicos ni vías asfaltadas. En muchos casos hay hacinamiento.
Mariela Castro reside en la zona de Monte Sinaí. Tiene 34 años y habita con sus tres hijos de 16, 11 y 9 años. Su vivienda es de caña y está a punto de derrumbarse.
Ella no tiene un empleo estable, por lo que no puede hacer inversión para mejorarla. Varios de sus vecinos, que mayoritariamente se dedican al comercio informal, tampoco cuentan con recursos para reconstruir sus inmuebles. Castro contó que no conocen sobre el proyecto de Ley que se discute en el Legislativo.
El presidente de la Comisión de los GAD, Celestino Chumpi, recordó que la normativa prevé articularse con el Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Nacional de Hábitat y Vivienda del Gobierno.
Entre otras cosas, la Ley definirá las competencias para los gobiernos locales para desarrollar planes destinados a la construcción y financiamiento de la vivienda de interés social y genera garantías para su acceso en materia de seguridad jurídica de la posesión, disponibilidad de los servicios básicos, accesibilidad, adecuación cultural, entre otros.
También, establece los subsidios, incentivos tributarios, líneas de crédito, los requisitos y simplifica los procedimientos administrativos para la construcción.
El ministro de Vivienda, Darío Herrera, señaló que este plan integral plantea ofrecer 463 000 soluciones en cuatro tipos: vivienda nueva, kits semilla (agua, saneamiento, ampliación y remodelación), títulos de propiedad y espacio público (parques).
Actualmente, el Ministerio ejecuta en el país 28 proyectos de viviendas de interés social en terrenos urbanizados por el Estado; otros 10 se prevé inicien su ejecución. Estos proyectos son urbanos y rurales.
En el Municipio de Guayaquil esperan, tras la aprobación del proyecto, intensificar el trabajo conjunto con el Ejecutivo para reducir el déficit.
Patricia Rivera, presidenta de la Empresa Pública de Vivienda, explicó que se necesitan programas a largo plazo. Una de las iniciativas que están ejecutando es la construcción de la urbanización Valle Esperanza para 114 soluciones.
Ese sitio de Monte Sinaí cuenta con servicios básicos y casas de 53,4 metros de construcción. Los beneficiados son personas en condición de vulnerabilidad. Una de ellas es Ana Hurtado, de 29 años, quien perdió su casa en un incendio, en la Isla Trinitaria.
En el sector 1 de Diciembre, en Babahoyo, y a las afueras de Picoazá, en Portoviejo, también hay presencia de viviendas en malas condiciones. Sus moradores esperan cambios.
En la provincia de Manabí se ejecutan proyectos para construir 616 viviendas de interés social. Sin embargo, la portovejense Andrea Tutivén considera que son pocos proyectos respecto a la necesidad real de la población.
“Pago mensualmente por arriendo USD 200, ese valor tranquilamente me podría servir para pagar mi propia casa, pero no hay proyectos dirigidos a nosotros, siempre salen para la gente de clase media”, se quejó la mujer de 28 años.
En Los Ríos, en cambio, se ejecutan cuatro proyectos para 666 viviendas populares. (El Comercio)
Be the first to comment