Kristel ha estado parada seis horas y ni un solo cliente se acerca. Ella es trabajadora sexual. Durante tres años ha laborado en el Centro Histórico de Quito y esta es la segunda crisis que afronta. La primera fue durante el paro de octubre pasado. Ahora, el COVID-19 le fregó el negocio.
Jueves, 18:35. La gente camina apurada junto a la mujer. Hay hombres que solamente la miran. “Tienen miedo de contagiarse”, detalla esta madre de tres hijos.
En la mañana del 12 de marzo, se hizo pública la declaratoria de emergencia sanitaria. Para Kristel, esa fue una estocada más a su trabajo. Antes de la llegada de este mal de Wuhan (China), la sexoservidora atendía, al menos, a cinco clientes por día. Con la decisión gubernamental, sus ingresos decaerán más.
Ella paga 200 dólares de arriendo. Dos de sus niños están a su cargo y tiene que cancelar gastos de luz e internet. En estos dos últimos servicios está atrasada con los pagos.
“La gente debe entender que nuestros ingresos son diarios”, lamenta. La misma situación la viven dos de sus compañeras paradas frente a ella. Solo una ha conseguido tener un cliente, pero porque ya la conocía anteriormente.
Los cabarés
Jueves, 21:00. Tres horas antes del cierre dispuesto a los centros de diversión nocturna, un cabaré del norte de Quito se aferra a los clientes que van llegando. “La afluencia ha disminuido bastante”, confirma uno de los trabajadores, quien omite su nombre.
No solo en la calle se ha sentido esa crisis, también en el interior de estos locales. El supervisor de este centro detalla que durante dos años han cumplido con las normas para su funcionamiento.
Con la llegada del coronavirus, tenían previsto incluso poner purificadores de aire. Sin embargo, el cierre les impidió hacer esas adecuaciones.
Aunque sí estuvieron preparados. En cada habitación se colocaron dispensadores de alcohol en gel y también en botella. “Son los mismos clientes los que han pedido cambios de sábanas, así como desinfectantes”, explica el trabajador.
La decisión de las autoridades los va a golpear y entienden lo que hicieron para combatir al COVID–19. Pero él considera que sí están preparados para evitar un contagio en ese negocio.
Lamenta que los afectados sean el resto del personal (un total de 15) y las cerca de 70 chicas que aprovecharon el último día de trabajo.
Ese fue el caso de Mishelle, quien hace poco llegó de Manta, Manabí. “Allá tienen más miedo que en la Sierra”, cuenta mientras analiza las posibilidades a futuro.
Una de ellas es seguir ofreciendo sus servicios a la lista de clientes fijos que tiene. Deberá ir a hoteles o moteles para sus labores.
De lo contrario, tendría que ampararse en patrocinadores. Son páginas webs donde muestran fotos de las sexoservidoras. Si se concreta una transacción, Mishelle tiene que entregar un porcentaje a quien la promocionó.
“Con la emergencia habrá chicas que bajen los precios”, analiza Juana, otra trabajadora sexual. Ella ha contemplado la posibilidad de vender ropa si la situación se complica todavía más.
Alrededor de 4.000 sexoservidoras se perjudican
Lourdes Torres, presidenta de la Asociación Pro Defensa de la Mujer, la cual vela por trabajadoras sexuales de Quito y Pichincha que están en night clubs, indica que el problema no solo es para las chicas, sino para sus familias. “Hay compañeras que probablemente podrían ir a las calles a trabajar”, confirma.
Eso generaría otro inconveniente entre las mismas mujeres. Les angustia además que no hay un tiempo definido para la medida de emergencia contra el COVID–19.
Torres dice que en el Distrito Metropolitano hay cerca de 4.000 chicas que laboran en cabarés, los cuales suman un total de 127. (Extra)