La liberalización de los precios de los combustibles es la ‘punta de lanza’ de las medidas económicas del gobierno, pero no lo es todo.
El pasado martes 1 de octubre de 2019, el presidente Lenín Moreno anunció un paquete de acciones que incluye, entre otros temas, cambios en materia tributaria y laboral.
La reforma laboral es otro tema sensible que también ha causado malestar en diversos sectores, como los gremios de los trabajadores.
Todos esos cambios están en el proyecto de ley económico urgente que deberá ser enviado a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación.
Ayer la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que en el Gabinete se están efectuando discusiones y análisis. Además dijo que el envío del documento al Legislativo se realizará en las próximas horas y que su discusión y aprobación no debería implicar mayor problema, porque no contiene incremento de impuestos.
“El único impuesto que se crea es a las empresas que facturan más de $ 10 millones. Se facilita la contratación de nuevos empleados. Se simplifica el régimen tributario. No nos perdamos. Ahí no hay un conflicto”, manifestó Romo.
La ministra de Gobierno añadió que “ojalá podamos recuperar pronto la normalidad para que la Asamblea entre pronto a debatirlo”.
Mientras tanto, sindicatos de trabajadores marcharon ayer en la tarde y se unieron a las protestas en contra de las medidas económicas, entre ellas las reformas laborales.
¿Qué contienen los cambios en materia laboral? Hay lineamientos generales, pero los detalles aún se desconocen; y los agentes económicos (empresarios, políticos y trabajadores) esperan conocer ‘la letra chica’ del proyecto de ley.
En términos generales, Moreno dijo el martes que todas las personas que hoy tienen un empleo mantendrán los beneficios y resguardos que la normativa actual les da.
La nueva ley, según el mandatario, regiría para todos aquellos que sean contratados luego de su aprobación y publicación en el Registro Oficial.
Moreno detalló cuatro puntos: nuevas modalidades de contrato para emprendimientos; nueva modalidad de contrato de remplazo en caso de licencia de maternidad y paternidad, así como para enfermedades catastróficas; facilidades para el teletrabajo y contratos con período determinado o plazo fijo.
A eso se suma la eliminación de la jubilación patronal que entregaban las empresas a los empleados con más de 25 años de servicio. La propuesta es que cada empleador tendrá que destinar un 2 % de la remuneración mensual a un fondo que elija el empleado.
Pero también hay otras medidas que han causado malestar en diversos sectores. Los cambios en el sector público han sido calificados como un retroceso en derechos. Por ejemplo, la reducción del tiempo de vacaciones de 30 a 15 días, con excepción de la fuerza pública.
En días pasados, el presidente de turno del Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, criticó ese punto específico y aseguró que las leyes no pueden ser regresivas.
“Les quitan la mitad de las vacaciones que se han ganado. No que nos ha dado este Gobierno ni el anterior Gobierno. Eso es una conquista”, sostuvo el dirigente sindical. (EXPRESO)
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