La empresa minera Ecuacorriente, de capital chino, entregó hoy 15 millones de dólares al Estado ecuatoriano por la regalías anticipadas de las operaciones que efectúa en Mirador, la mayor mina a cielo abierto del país ubicada en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe (sureste).
Este desembolso forma parte del compromiso contractual efectuado entre el Estado ecuatoriano y Ecuacorriente S.A. (ECSA) en 2014 y que, hasta el momento, ha realizado cuatro pagos por regalías anticipadas, con un total de 100 millones de dólares.
La entrega del desembolso se efectuó hoy en una ceremonia especial en Quito, que contó con la participación del vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnenholzner; el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Agusto; el embajador de China, Chen Guoyou; y el presidente de ECSA, Hu Jiandong, entre otras autoridades del Ejecutivo.
«El pago de 100 millones de dólares por regalías anticipadas refleja el compromiso que mantiene Ecuacorriente con el Estado ecuatoriano» y además «consolida una minería responsable» para el país, aseguró Hu Jiandong.
Según él, su compañía «ha invertido 190 millones en salud ocupacional, iniciativas para el rescate de flora y fauna. Además, el manejo de desechos en beneficio de la comunidad y el ambiente».
Agregó que se han generado «2.500 empleos directos y más de 8.000 indirectos en beneficio de las comunidades de influencia».
De su lado, el ministro de Energía dijo que ha sido «grato comprobar que en este país se puede hacer minería responsable y sostenible», al recordar que «Mirador es la primera mina de cobre a cielo abierto a gran escala de Ecuador, que entró en producción en junio de 2019».
«Parte de los recursos de las regalías mineras se invirtieron para la ejecución de 36 proyectos en áreas de salud, apoyo productivo y comunitario, deporte, desarrollo social, educación, electrificación, telecomunicaciones y vialidad», añadió Augusto.
La minería «es pilar fundamental» para la economía del país, pues «aportó con el 62 por ciento de la inversión extranjera directa», agregó el ministro e insistió en que el objetivo de su Gobierno es «abrir la puerta a nuevas inversiones que se incorporen al desarrollo de una minería necesaria para el país».
De su lado, el embajador de China aseguró que la mina Mirador «es el proyecto minero a gran escala en el que ha invertido China para promover el desarrollo» de Ecuador, desde una concepción de ejecución «responsable con el ambiente y la comunidad» de influencia.
«El proyecto minero Mirador es muy valioso para la cooperación y relaciones que existen entre los países de China y Ecuador», agregó Chen Guoyou.
Por su parte, el vicepresidente ecuatoriano afirmó que su país entró en el campo de la minería «sabiendo que lo podemos hacer mejor».
«La minería es una actividad de alto impacto, debemos implementar controles más fuertes y cero tolerancia a la corrupción. Quienes sean partícipes de la minería deben considerar el impacto social, ambiental y económico», agregó Sonnenholzner, quien ha remarcado que su Gobierno ha puesto mano dura contra la minería ilegal, por los perjuicios económicos y sociales que conlleva.
En los últimos dos años y medio «se han revertido 300 concesiones mineras, lo cual demuestra el compromiso de fomentar una minería con responsabilidad», agregó el vicepresidente.
ECSA prevé procesar en su planta de Tundayme unas 60.000 toneladas diarias de roca y extraer un 2 por ciento de concentrado de cobre, aunque también obtendrá otros minerales como oro, plata y molibdeno.
Durante 30 años, el proyecto prevé procesar una montaña entera, que tras la operación será convertido en un lago regenerado con especies naturales de la zona amazónica.
Este enorme esfuerzo industrial minero ha despertado temores entre grupos ambientalistas y comunidades indígenas, que se oponen a las actividades extractivas, pues recuerdan que el petróleo, explotado desde la pasada década de los años setenta, no representó para ellos el bienestar que se prometió en principio.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exige como derecho que se haga un proceso de «consentimiento previo» con las comunidades involucradas antes de emprender cualquier proyecto extractivo. EFE