La presunta red de corrupción investigada dentro del caso Digitador habría extendido sus operaciones a, al menos, nueve cantones de Manabí, según el expediente de la Fiscalía General del Estado.
Aunque la investigación identifica a Jipijapa y Bolívar (Calceta) como los principales centros de operación, las interceptaciones telefónicas y los informes de inteligencia revelan que la estructura también gestionó trámites irregulares en Rocafuerte, Flavio Alfaro, Portoviejo, Junín, Puerto López, Chone, Montecristi, San Vicente y Manta.
En este caso está detenida y está siendo investigada la alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa.
Además, durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía expuso que la organización investigada estaría presuntamente vinculada con el grupo de delincuencia organizada Los Choneros, una hipótesis que forma parte de la investigación y que aún deberá sustentarse durante el proceso judicial.
¿En qué cantones operó la presunta red?
El expediente judicial sostiene que la organización aprovechó la interconectividad del sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para iniciar trámites en un cantón y concluirlos de forma irregular en otro donde, presuntamente, contaba con funcionarios y digitadores cooptados.
Las investigaciones mencionan operaciones en Jipijapa y Bolívar (Calceta) como los principales puntos de acción.
Sin embargo, las conversaciones interceptadas también hacen referencia a trámites ejecutados o coordinados en Rocafuerte, Flavio Alfaro, Portoviejo, Junín, Puerto López, Chone, Montecristi, San Vicente y Manta, donde la red habría movido procesos de matriculación, revisiones técnicas vehiculares y emisión de licencias.
La presunta conexión con Los Choneros
Según la Fiscalía General del Estado, la investigación comenzó tras una denuncia presentada el 17 de julio de 2025 a través de la línea 1-800-DELITO. Ese reporte advertía sobre un grupo de personas que, presuntamente vinculadas a Los Choneros, manipulaba la emisión de licencias de conducir mediante actos de corrupción en agencias de tránsito de Manabí.
De acuerdo con la acusación fiscal, la estructura estaría integrada por funcionarios de tránsito, digitadores, evaluadores técnicos y tramitadores externos que recibían dinero para alterar procesos administrativos.
No obstante, la Fiscalía aclaró durante la audiencia que la relación con Los Choneros se mantiene, por ahora, como una hipótesis investigativa sustentada en informes de inteligencia y denuncias iniciales.
Así habría funcionado la estructura
La investigación sostiene que la organización captaba usuarios interesados en obtener licencias de conducir, matrículas y revisiones técnicas vehiculares sin cumplir los requisitos legales.
Posteriormente, digitadores con acceso a los sistemas de la ANT modificaban o concluían los trámites desde distintos cantones utilizando credenciales institucionales y, en algunos casos, conexiones remotas.
Los reportes también describen el uso de un lenguaje en clave para evitar ser detectados. Términos como “pollitos”, “gallos” y “granjas” servían para identificar trámites, procesos finalizados y agencias de tránsito.
Asimismo, los investigadores sostienen que la organización distribuía las ganancias entre sus integrantes y adoptaba medidas para eliminar evidencias cuando sospechaba de auditorías o investigaciones.
El proceso penal continúa en etapa de instrucción fiscal. La Fiscalía General del Estado mantiene la acusación por el presunto delito de delincuencia organizada contra los procesados, mientras las investigaciones buscan determinar el alcance de la estructura y la participación individual de cada uno de los involucrados.
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