El 23 de enero se desarrolló la sesión del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal
(EPU) sobre derechos humanos de China. El EPU es el principal mecanismo de evaluación
de los Estados miembros de la ONU sobre el cumplimiento de los convenios y tratados de
derechos humanos y el ambiente. “Este EPU se llevó a cabo en un momento en que China
ha fortalecido su influencia internacional, especialmente porque se cumplieron 10 años de
implementación de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR). Esto podría hacer que los
Estados que se benefician de la relación con China duden en hacer recomendaciones sobre
derechos humanos y cuidado del ambiente”, afirmó Maia Seeger, directora de Sustentarse
(Chile).
La abundancia de recursos naturales de Sudamérica la ha convertido en una región clave
para China en el marco de la IFR. Las empresas y bancos chinos se han convertido en
importantes actores regionales en sectores extractivos y de gran escala como
hidrocarburos, minería, energía (generación, distribución y comercialización) e
infraestructura de transporte. Hoy en día, estos sectores enfrentan grandes desafíos por sus
impactos negativos sobre los derechos humanos de las comunidades locales y sobre
ecosistemas frágiles como la Amazonía, los humedales altoandinos y los glaciares
patagónicos.
La sociedad civil también le habla a China en el EPU
Desde América Latina, el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos
Humanos y Ambiente (CICDHA) ha consolidado su trabajo de incidencia sobre actores
chinos en escenarios como el EPU debido a la falta de espacios de interlocución con
actores empresariales, financieros y gubernamentales chinos. “Desde el 2018, en el
CICDHA hemos venido trabajando con organizaciones sociales de varios países
latinoamericanos para documentar y denunciar los incumplimientos reiterados de los
convenios y pactos de derechos humanos y la afectación a los ecosistemas que se está
dando en muchos proyectos donde participan actores chinos”, mencionó Julia Cuadros,
miembro del Consejo Directivo de CooperAcción (Perú).
En este cuarto EPU de China, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el
mundo presentaron informes. El CICDHA lideró una contribución de más de treinta
organizaciones de nueve países latinoamericanos. Las recomendaciones hechas por el
CICDHA recibieron atención de los organismos de la ONU y fueron transmitidas a China en
el “Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas”. Estas mismas
recomendaciones también recibieron el respaldo de más de once coaliciones de
organizaciones de la sociedad civil de Asia, África y otras regiones (párr. 37-39). “Esto
muestra que existe un movimiento global desde la sociedad civil que le habla a China, y que
le pide rendir cuentas y hacerse cargo de los impactos sociales y ambientales de lo que
hacen sus bancos y empresas en el extranjero”, dijo Maria Elena Rodriguez del Brics Policy
Center (Brasil).
¿Qué recomendaciones le hicieron los demás Estados a China?
En la sesión del EPU de China intervinieron 161 Estados y por lo menos cincuenta
presentaron un total de 428 recomendaciones al Estado chino para mejorar su desempeño
en derechos humanos (en el tercer EPU China recibió 346 recomendaciones). Al menos
una docena de recomendaciones de nueve países distintos, cinco de ellos
latinoamericanos, se refieren específicamente a las actividades de empresas y financistas
chinos en el exterior.
Tres recomendaciones fueron de alcance general: Costa Rica y Portugal recomendaron
incorporar legal y constitucionalmente el derecho humano al ambiente limpio, saludable y
sostenible; Chile y España recomendaron garantizar un entorno seguro y propicio para las
personas defensoras de derechos humanos; y, Ecuador y las Islas Marshall le pidieron a
China incorporar un enfoque basado en los derechos humanos en sus planes y políticas de
desarrollo y cooperación. Otras recomendaciones fueron más específicas, como la que hizo
México reiterándole a China que implemente las recomendaciones sobre Empresas y
Derechos Humanos que le hizo el Comité DESC en 2023; y, Ecuador, Perú y Camerún que
le pidieron a China específicamente implementar medidas para asegurar que las empresas
e instituciones financieras chinas que operan en el extranjero respeten los derechos
humanos en todas sus actividades. “Es importante que los países del Sur Global puedan
presentar sus denuncias sobre afectaciones a los derechos humanos y al ambiente por
parte de empresas y financistas chinos que operan en su territorio, y no se queden atados
de manos por la importancia de las relaciones económicas con China”, afirmó Oscar
Campanini, director del CEDIB (Bolivia).
¿Qué sigue ahora en el EPU?
China tiene plazo hasta junio de este año para aceptar las recomendaciones que considere
pertinentes para trabajar en ellas hasta el siguiente EPU. Los Estados que presentaron
recomendaciones deben gestionar que China las incluya en su agenda de trabajo. También
es importante que las organizaciones de la sociedad civil se mantengan vigilantes sobre el
desenlace de este proceso y continúen haciendo seguimiento a China.
Fue valiosa la actitud de los Estados latinoamericanos que propusieron recomendaciones a
China en este EPU. Otro grupo de Estados de la región, en cambio, se quedó a medio
camino entre sus importantes relaciones económicas y políticas con China y las promesas
de viejos modelos de desarrollo. “El reto actual de nuestros países en América Latina es
construir un posicionamiento que no renuncie al deber de defender los derechos humanos y
el ambiente a cambio de los beneficios económicos de las relaciones con China. Por el
contrario, debemos proponerle a China una cooperación ganar-ganar que defienda un
verdadero compromiso con el desarrollo sostenible e incluyente de Latinoamérica, que
garantice el ejercicio de los derechos humanos de nuestra población y que aporte a
alcanzar una transición socioecológica más justa”, manifestó Ariel Slipak de FARN
(Argentina).