Existen varias premisas incuestionables en el ejercicio del derecho, consideradas incluso fundacionales en la creación de la ciencia jurídica, percibidas por quienes amamos su estudio y práctica, como valores innegociables e imprescindibles, atemporales, y aplicables a cualquier caso.
Así tenemos por ejemplo, el principio de igualdad ante la ley, es decir, que los tribunales y jueces de la república, aplicarán las normas que rigen su ordenamiento jurídico sin miramientos étnicos, sociales, económicos, o políticos, dicho de otra manera, la ley es para todos, sin discriminación.
Seguramente no serán pocos quienes cuestionen mis aseveraciones, calificándolas de ingenuas, y con certeza no carecen de razones, dada la histórica desconfianza que aflige a la administración judicial. No obstante, siento que mi deber como hombre de derecho, es emprender el presente análisis, desde el ideal de una justicia ética e independiente, y no, desde la negativa percepción generalizada que se tiene sobre esta; aquí, permítanme citar a Sócrates, en aras de atenuar mi postura idealista, pues como dijo este sabio filósofo, “Cada uno de nosotros, sólo será justo, en la medida en que haga lo que le corresponde”.
Dicho esto, y acercándonos al tema que nos ocupa, observamos que la coyuntura política y judicial que vive el Ecuador, nos impone una inminente convivencia con el procesamiento penal del ex presidente Rafael Correa, en este caso, (pues existen otras investigaciones, y se anuncian más vinculaciones) por la supuesta participación en el secuestro del activista político opositor Fernando Balda.
No pretendo adentrarme en el sinuoso análisis legal del caso, pues siento que no me corresponde, y en ese afán, me ubicaré en la periferia de la reflexión socio política, ajeno al trajín jurídico del tema; sin embargo, soy consciente de la existencia de inquietudes y cuestionamientos, que merecen ser tratados desde aquella óptica, y que en cierta medida procuraré abordar.
¿Es posible juzgar a los expresidentes o incluso a los presidentes en funciones? La contundente respuesta a esta pregunta es que SÍ.
Nada más basta observar que varios presidentes de nuestra región, han sido destituidos de dicho cargo y también otros fueron perseguidos y encarcelados luego de dejar su mandato; rápidamente podríamos citar varios ejemplos: Pedro Pablo Kuczynski, Ollanta Humala, y Alberto Fujimori, en Perú; Alvaro Colom, Alfonso Portillo, y Otto Pérez Molina, en Guatemala; Arnoldo Alemán en Nicaragua; Lula da Silva en Brasil; Elías Antonio Saca en EL Salvador; Ricardo Martinelli en Panamá; y, Carlos Andrés Pérez en Venezuela.
Más allá, de que los procesamientos judiciales de los mandatarios arriba mencionados, tomaron lugar en diversos países, aplicando sus propias legislaciones, y en el entorno político de cada una de sus naciones, encontramos factores comunes en la tipificación de los delitos que se les atribuyeron, siendo dos las acusaciones recurrentes, unas, por casos de corrupción, y otras, por crímenes de lesa humanidad, y a veces ambas, todas conductas impropias de sus envestiduras y estatus, más semejantes entre ellas, casi como si fueran gajes del oficio presidencial, una suerte de riegos legales implícitos a las funciones que en su momento cumplieron.
Pero, así como hallamos similitudes en las teorías penales que condujeron a sus condenas, también existen semejanzas en sus fundamentos de defensa, todos estos ex mandatarios en su momento, indistintamente, adujeron ser víctimas de una persecución política, perpetrada por opositores internos, medios de comunicación, sectores económicos, y hasta por el imperialismo, quienes manipulando el sistema judicial para desacreditarlos, buscaban proscribirlos de la faz pública, para así hacerse del poder político del país, método conocido internacionalmente como Lawfare.
Adicionalmente, los presidentes y ex mandatarios sindicados judicialmente por los delitos antes citados, ya en el devenir del proceso penal, siempre encomendaron a sus defensores que desarrollaran la hipótesis de que fueron otros funcionarios (de menor jerarquía, y hasta desconocidos) quienes eran responsables de los delitos imputados.
Al parecer, el economista Correa ha optado por esta opción, pues no sólo se ha declarado un perseguido político del régimen de Lenin Moreno, denunciando el establecimiento de un Lawfare en su contra, sino que también, ha señalado su inocencia, culpando a varios ex colaboradores, aseverando dicha premisa en la versión que rindiera mediante video conferencia ante la fiscalía. Tanto su defensa, como el propio ex mandatario, en pos de fortalecer su teoría, han lanzado esta pregunta: ¿Qué Presidente de la República puede conocer y en consecuencia ser responsable de todos los actos que el aparato estatal ejecuta?, inquietud que bien podría sonar lógica desde una perspectiva organizacional del estado.
Vale revisar que en otros países la respuesta judicial a dicha pregunta ha sido pronunciada en forma de sentencia de culpabilidad en contra de los presidentes acusados, tipificada bajo el amparo de lo que en ciencia penal se conoce como autoría mediata.
Aquí, bien vale examinar el nivel de éxito que pudiera tener la estrategia del ex presidente Correa, al prácticamente acusar a algunos de sus ex colaboradores de la perpetración material e intelectual del secuestro de Balda, sobre el cual ya existe una sentencia condenatoria de la justicia colombiana. Esto me lleva a pensar en los ciudadanos señalados por Correa, los imagino iracundos y decepcionados, meditando cada palabra a pronunciar, unos durmiendo en fríos calabozos, otros perseguidos en el extranjero por la Interpol, y algunos más, investigados en el país; todos en definitiva, cuestionándose silenciosos sobre lo que significa la lealtad para con su ex comandante en jefe, y qué valor tiene esta virtud, cuando es puesta en vereda contraria al instinto básico de supervivencia.
En mi opinión, es casi inevitable deducir que la respuesta de los otrora camaradas gobiernistas del ex mandatario, una vez que sientan los rigores de la investigación fiscal, no podrá representar nada bueno para Correa, eso es seguro. Las lealtades muchas veces fallecen junto al desvanecimiento del poder, o se acobardan ante el peligro de una inminente condena, más aún, si encuentran alivio procesal al acogerse a la figura de la cooperación eficaz.
La historia está plagada de una inmensidad de lecciones, basta interpretarlas, y de éstas, obtener una proyección del futuro, una predicción. Sabrán los compatriotas señalados por Correa, cual fue el argumento de defensa presentado por los principales oficiales y directivos del ejército NAZI, que tras la muerte de Hitler y la rendición alemana fueron atrapados y enjuiciados en los Procesos de Núremberg. Todos, casi al unísono, se declararon inocentes, alegando haberse limitado a cumplir órdenes de la máxima autoridad del Reich. Argumento que por supuesto no los exculpó de ser condenados.
Asumo que todos nos encontramos deambulando entre teorías y suposiciones, entre optar por el Lawfare, o inclinarnos por el principio de la igualdad ante la ley, o quizás teniendo una posición firme, la hemos ratificado por la información suministrada. Si es así, estas líneas no habrán sido en vano.
Una reflexión final al respecto. Estimo que el anhelo de todos los ecuatorianos, es que el enjuiciamiento penal en contra del economista Correa sea ejemplar, por el aura de probidad que jueces y fiscales deben tener, por el respeto a las garantías del debido proceso, contando con una profusa actuación probatoria de las partes, publicidad del caso y el ordenado acceso de la prensa; nuestra sociedad lo merece y reclama, sin importar el color de la bandera política que cada quien resuelva ondear, sin valorar los afectos o antipatías que el ex presidente Correa genere, garantizando la independencia de la función judicial, no olvidemos que “la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad.” Simón Bolívar.
Como siempre, las conclusiones son sólo suyas.