El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) recibió, este 3 de junio por parte del Comité de Expertos, el informe final y la propuesta de metodología para la evaluación a las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El Comité de Expertos integrado por los académicos Santiago Velázquez, Tito Quintero, Alexandra Villacís, Manuel Salinas, Jorge Vásquez y Gabriel Galán, brindó el apoyo técnico a los funcionarios del CJ en la elaboración de una propuesta de metodología para evaluar a la CNJ.
Durante su intervención, la Presidenta del CJ, doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, señaló que la evaluación busca que los ciudadanos tengan derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
La evaluación a la CNJ se enmarca en el segundo eje de gestión institucional Fortalecimiento institucional a través de la capacitación, evaluación y tecnificación de los servidores judiciales, además de lo previsto en la Constitución.
La doctora Maldonado aclaró que se trata de una evaluación integral ya que no solo contempla criterios cualitativos y cuantitativos sino parámetros de transparencia y legitimidad. Se espera que la evaluación concluya a mediados de septiembre próximo.
De su parte, el vocal del CJ, doctor Juan José Morillo, explicó que este proceso se aparta de las evaluaciones de desempeño realizadas anteriormente ya que ahora lo cualitativo tiene más valoración que lo cuantitativo.
El doctor Morillo indicó que se analizará el volumen de sentencias emitidas entre diciembre de 2014 al 31 de diciembre de 2018. Para ello se tomará una muestra significativa de tres sentencias por cada año de evaluación, es decir, un total de 12 sentencias por juez.
Otro aspecto que incorpora esta evaluación es el parámetro de verificación de normativa interna y para ello se recurrirán a los registros de expedientes disciplinarios, de sanciones y denuncias presentadas ante jueces y conjueces de la Corte Nacional.
El vocal Morillo indicó que en la verificación de legitimidad se tomarán en cuenta como insumos los informes de entidades públicas de control y veedurías, incluidas las denuncias presentadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
También se contará con una matriz de la fase de cumplimiento de requisitos y documentos de postulación, impugnación, selección y posesión al cargo.
En la fase de verificación de transparencia, se estableció la firma de autorización del evaluado para el acceso a la información patrimonial y de sigilo bancario; declaraciones patrimoniales juramentadas de inicio de gestión y periódicas; la declaración juramentada de no tener bienes o dinero en paraísos fiscales; las declaraciones de Impuesto a la Renta que deben entregar los evaluados.
Otro aspecto que será analizado es la declaración juramentada de no estar incurso en ninguna de las inhabilidades previstas en el artículo 77 del Código Orgánico de la Función Judicial, desde su postulación, durante el ejercicio de sus funciones hasta la presente fecha.
De su parte, el académico Santiago Velázquez, en representación del Comité de Expertos, resaltó, entre otras cosas, la revisión de la calidad de las sentencias lo cual se cumplirá no solo con la mera lectura, sino a través de una defensa de carácter oral que podrá ser vista por la ciudadanía.
Velázquez destacó que por primera vez se toman en cuenta aspectos de deméritos y méritos concretos. “Esta evaluación no solamente debe señalar aquello que se ha dejado de hacer o no se ha hecho correctamente, por eso, consideramos puntuar méritos y deméritos por fuera de los 100 puntos, que es el valor total de la evaluación”, señaló.
Este evento también contó con la presencia de los veedores ciudadanos el exvicepresidente León Roldós, el exprocurador Gustavo Medina y la jurista Vanessa Aguirre.
Como parte de este proceso de evaluación se definió un cronograma de actividades, que incluye la aprobación de la propuesta metodológica por parte del Pleno del CJ; la socialización de esta herramienta con los evaluados; el procesamiento de la información solicitada a la Contraloría General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero y Económico; la conformación del Comité Evaluador; la evaluación oral de las sentencias; la aprobación de resultados, entre otros aspectos.