El secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, indicó que en el veto a la Ley de Apoyo Humanitario enviado por el Presidente de la República a la Asamblea Nacional, establece, entre otras cosas, que las instituciones educativas privadas están obligadas a reducir el 25% de las pensiones cuando el padre de familia demuestre que perdió su empleo o que sus ingresos bajaron en igual porcentaje.
Sin embargo, advirtió que las personas que no han sufrido una reducción en sus ingresos no podrán beneficiarse de este aspecto, ya que eso implica el desequilibrio de la institución que, a su vez tendrá que despedir docentes y por ende bajar la calidad educativa.
De otro lado, aseguró que si una persona no ha podido pagar seis meses consecutivos la pensión, el Estado le dará el beneficio de cambiarse al sector público y tener un cupo garantizado.
Además, reiteró que no se puede pensar en una reducción global de las pensiones porque los colegios privados son negocios que tienen un beneficio económico: “Por tanto esa institución tiene que pagar nómina y costos y lo peor es que puede pasar es que cierren, quiebren y despidan gente”.
Para concluir, comparó este asunto con el servicio de internet, donde muchas personas dejaron de pagar y las empresas redujeron la velocidad, dijo que no puede haber una queja al respecto porque finalmente son empresas privadas, por eso planteamos que si alguien está complicado pueda tener un beneficio, en términos de empresas de internet, pero quien no tiene complicación no tiene por qué beneficiarse. (Fuente Teleamazonas)