La entrega de garantías falsas para la construcción del hospital de Pedernales encendió las alertas en el Ministerio de Gobierno que junto con la Fiscalía indagaron las irregularidades del contrato.
Por este motivo se detuvo a 12 personas, nueve sancionadas con prisión preventiva, entre ellas el asambleísta Daniel Mendoza, del movimiento Unidad Primero, aliado de Alianza PAIS, y el director del Servicio de Contratación de Obras (Secob) René T.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que en este caso se dio un anticipo de aproximadamente $ 8 millones.
La Fiscalía realizó seis allanamientos e incautó $ 1 millón en efectivo, pero se conoce que existen otros $ 5 millones en una póliza.
En la audiencia de vinculación, la fiscal Diana Salazar aseguró que se estructuró una organización criminal para acceder al contrato del hospital. De esta manera se establecieron roles donde el legislador, “valiéndose de su cargo, coordina las acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí”, apuntó.
¿Cómo inició esta operación? Primero el director del Secob, René T., con prisión preventiva nombró a Jorge Eduardo Jalil Ponce como subdirector general del Secob y al ingeniero Ángel Alejandro Andrade Castro en la comisión técnica para el proceso de contratación.
Ellos calificaron al Consorcio Pedernales, integrado por José Leonardo V., detenido, y Jhony T., a quienes adjudicaron el contrato por $16’429.512.
La Fiscalía halló en la computadora del consorcio registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos al asambleísta Daniel Mendoza, además de escuchas telefónicas donde supuestamente se concertaban entregas de dinero.
Además a Jean Carlos B., asesor del asambleísta implicado, se lo detuvo con $ 600 mil en efectivo embalados con cintas de BanEcuador.
El integrante del Consejo de Participación (CPCCS), Francisco Bravo, comentó que le parece extraño que se haya entregado el contrato a una empresa sin experiencia en ese tipo de obras.
Además dijo que José Leonardo V. fue funcionario del gobierno provincial de Manabí y trabajó más de 15 años muy cerca del exprefecto Mariano Zambrano.
La misma matriz de donde salió Mendoza, quien fue elegido asambleísta por el partido del exprefecto manabita, Unidad Primero.
Por ello Bravo insiste en que se debe investigar cómo el legislador llegó a tener tanto poder en la provincia para nombrar a funcionarios afines a sus intereses.
Otro hospital que también tiene problemas en Manabí es el de Chone, que se construyó con financiamiento de China por $ 52 millones.
Al respecto, María Auxiliadora Bravo, de la Junta Cívica de Manabí, comentó que necesitan que el gobierno ayude a concluir la obra que tiene un avance del 80%, pero todavía falta el tendido eléctrico y todo el equipamiento interno.
Bravo aseguró que en toda visita para verificar el avance de la obra estaba presente la asambleísta Karina Arteaga, del movimiento Unidad Primero aliados AP.
“Sabemos que ella es el nexo con las autoridades”, añadió. (I)
CAL aprueba dos denuncias en contra de Daniel Mendoza
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó ayer dos denuncias presentadas contra el asambleísta Daniel Mendoza por parte de las legisladoras Tanlly Vera y Verónica Guevara, cuyo objetivo es su destitución.
Las propuestas tienen como finalidad iniciar investigaciones al legislador Mendoza por presuntamente haber incurrido en las prohibiciones que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre ofrecer, recibir o administrar fondos públicos que no sean los asignados a su función.
Por ejemplo, según el numeral 2 del artículo 163 de la Ley de la Función Judicial, los asambleístas no pueden “ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional”.
El pedido de la legisladora Guevara pasa por los presuntos nexos que tendría Mendoza en la gestión de recursos públicos para la construcción del hospital de Pedernales, en Manabí.
Tras confirmar que los pedidos de las asambleístas cumplen con todos los requisitos que establece la ley, el CAL mencionó que el proceso pasará al pleno de la Asamblea Nacional para la creación de una comisión multipartidista que investigará los hechos y que estará compuesta por tres asambleístas. (El Telégrafo)
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