Los crecientes ataques registrados en la frontera con Colombia han puesto bajo las cuerdas a Ecuador ante la amenaza narcoterrorista, para la que ha requerido la colaboración en materia de seguridad del país vecino, mucho más experimentado.
«El narcoterrorismo ha presentado las credenciales en Ecuador», resume el periodista español Ricardo Arques, vicepresidente editorial del diario «Expreso» y que ha analizado el fenómeno del terrorismo a lo largo de sus tres décadas de trayectoria.
A finales de enero, un carro bomba fue detonado junto a la principal comisaría de la localidad de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas y próxima a la divisoria, causando 28 heridos y severos daños materiales a infraestructuras.
El martes pasado tres militares ecuatorianos murieron y siete fueron heridos por la detonación de un explosivo cuando patrullaban la zona limítrofe, el ataque más mortífero desde que se intensificaron este tipo de acciones en los últimos tres meses.
Las autoridades ecuatorianas atribuyen estas agresiones, siete desde el primer atentado, a grupos organizados armados residuales, los «gaor», según el argot de seguridad, involucrados en el tráfico de droga o actividades afines que le dan cobijo.
«El terrorismo clásico lucha mediante el terror por una reivindicación de cualquier tipo, el narcoterrorismo es por el negocio y necesita de asentaderos, distribuidores y rutas, y por lo que parece, está muy bien instalado en la frontera con Colombia», asegura Arques, autor de ‘ETA, la derrota de las armas’.
A su juicio, San Lorenzo, «fue un aviso desatendido por las autoridades ecuatorianas», ya que tenía todos los ingredientes que emplea el terrorismo clásico: un coche bomba frente a una comisaría.
Y apunta que el último ataque en el sector de Mataje, también Esmeraldas, muestra «cierta sofisticación en la dinámica y liturgias del terrorismo», con un objeto trampa que cuando se pisa estalla o puede ser activado por control remoto.
Para combatir este terrorismo aboga por una estrecha colaboración con Bogotá, especialmente en información sobre las guerrillas que han operado en suelo colombiano durante 50 años y disidentes no adscritos al proceso de paz.
Los viceministros de Defensa de ambos países acordaron el sábado estrechar la cooperación y redoblar medios militares y policiales en la región.
Arques cree que la cooperación es fundamental, pero «Ecuador necesita de la experiencia de otros países, mejorar la organización de sus fuerzas y un mando único para combatir al narco, y Colombia no puede facilitar todo».
Propone la experiencia española y de Estados Unidos para colaborar en medios materiales y humanos, y afirma que «el país debería resolver sus propios candados», en referencia al mandato constitucional que impide expresamente el despliegue de tropas foráneas o bases en territorio ecuatoriano.
Tanto Colombia como el FBI colaboraron en las pesquisas en San Lorenzo.
De acuerdo a expertos en inteligencia operativa consultados por Efe, el principal problema radica en que las mayores plantaciones de cocaína en Colombia están en la fronteriza con Ecuador, en el departamento de Nariño, aledaño a Esmeraldas y Carchi, y el de Putumayo que limita con Sucumbíos.
Cuando se alcanzó el acuerdo de paz con las FARC a finales de 2016, la mayoría de los componentes se mantuvieron en actividades delincuenciales comunes como el tráfico de drogas, de oro, la tala de árboles o contrabando de combustible.
Las autoridades ecuatorianas insisten en que la nación andina no es productora, pero el narcotráfico ha echado raíces por la porosidad de los 600 kilómetros de límite con Colombia, con vías fluviales y tupida vegetación, y porque es más sencillo que en otros lugares sacar la droga al Pacífico a través de los puertos de Manta o Guayaquil en grandes contenedores a Europa o norteamérica.
El dólar también es atractivo para el rápido lavado de activos y los alijos inferiores a 500 kilos pueden ser trasladados fácilmente en lanchas rápidas a Guatemala, Honduras o El Salvador.
Sobre del detonante de los últimos incidentes armados señalan el arresto a mediados de enero de varias personas del grupo «Oliver Sinisterra» considerado el más peligroso de la región y bajo las órdenes del alias «el Guacho», presunto disidente de las FARC.
Los detenidos fueron trasladados al cuartel de San Lorenzo, que días después fue objeto del primer coche bomba.
«Primero eran atentados de aviso, pero luego buscaron víctimas y aquí nos encontramos», concluyen. EFE
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