Con 954 días privado de libertad, el 13 de mayo pasado, la defensa del exvicepresidente Jorge Glas presentó ante el sistema de garantías penitenciarias del país una solicitud para que se analice el pedido de prelibertad a favor de su cliente. Haber cumplido las dos quintas partes de la pena ya ejecutoriada sería el argumento para la solicitud.
La prelibertad a la que se quiere acceder, para quien fue el hombre fuerte de los sectores estratégicos del gobierno de Rafael Correa, se enmarca en el proceso por el delito de asociación ilícita, relacionado a la trama de corrupción que Odebrecht implementó en el país, en el que fue sentenciado como autor a seis años de reclusión menor.
«Un paso a la vez y luego les explico lo que haremos», decía a los medios, el 12 de marzo pasado Harrison Salcedo, abogado de Glas, al responder sobre si una vez que habían prescrito las órdenes de la prisión preventiva que pesaban sobre su cliente en los casos Sobornos 2012-2016 y Singue, lo que buscaba esa defensa era la prelibertad.
Solo tres días antes los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) María Montalvo, Pablo Valverde y Carlos Pazos resolvieron aceptar el hábeas corpus solicitado por Salcedo a favor de Glas, debido a que los seis meses de prisión preventiva ordenado para su cliente, por el delito de cohecho en el caso Sobornos, habían caducado.
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