La intervención y repotenciación de 81 unidades policiales y la construcción de 20 cuarteles intermedios se contemplan por parte de autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
Parte de las características técnicas de este proyecto de seguridad se presentaron luego de estudios y análisis de los sectores prioritarios en cinco subzonas del país, incluyendo la Zona 8, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, donde se ha dado un incremento de los índices de violencia y criminalidad en los recientes años.
En este plan se incluyen las provincias de Guayas, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí, Santa Elena, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.
El ministro del Interior, Juan Zapata, refirió que a partir de los atentados terroristas suscitados el año pasado en contra de las unidades policiales comunitarias se determinó la necesidad del cambio de modelo de gestión con mayores seguridades, prevención de riesgos y la implementación de puntos intermedios en las cinco subzonas, incluyendo Guayas, donde se presentan mayores problemas de crimen organizado, delincuencia y narcotráfico.
“La idea de los cuarteles intermedios nace cuando tenemos los niveles de violencia en Guayaquil, donde las UPC dejan de tener una vida útil para los actuales momentos en las cinco subzonas de las que estamos hablando, una UPC a lo mejor en Chimborazo puede ser un modelo útil, pero acá ya no”, dijo.
Ante ese nuevo escenario, según el ministro, nace esta necesidad de cambiar a cuarteles intermedios de 150 o 250 uniformados, donde inclusive se puede aumentar el número de hombres para que efectivamente tengan un nuevo modelo de gestión: tener policías de retén, que no salgan, que vivan en estos cuarteles, que tengan lugares de capacitación, etc.
El ministro del Interior aseguró que tienen listos diseños, estudios, presupuestos y plazos para encaminar este plan siguiendo los procesos de contratación pública.
Giovanni Ponce, coordinador administrativo financiero de la Policía Nacional, ofreció detalles de las características técnicas de las labores. Él dijo que de las 81 unidades por intervenir y repotenciarse existe un total de 80 que corresponden al modelo de Unidad de Policía Comunitaria (UPC) y una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC).
Sobre los sitios por darse la rehabilitación y repotenciación con muros de protección, el general dijo que 5 se ubican Esmeraldas, 5 en Manabí, 5 en El Oro, 4 en Los Ríos, 22 en Guayas (incluyendo Distrito Metropolitano de Guayaquil), 6 en Santa Elena, 8 en Santo Domingo de los Tsáchilas y 7 en Pichincha.
En estos sitios se podrán realizar el reforzamiento de la primera planta para colocar puertas y ventanas blindadas, además de mantenimiento integral, se tendrán muros de protección con sistema de blindaje y puertas de vehículos y peatonal con similares características.
En Guayaquil se distribuirá en 18 espacios, entre circuitos y distritos, como en Mapasingue, Bellavista, Francisco de Orellana , Cristo del Consuelo, Flor de Bastión, Nueva Prosperina, Florida, Pascuales, Trinitaria, Tarifa, calle Salinas, calle Venezuela.
En una segunda intervención, en paralelo, se intervendrán 21 UPC que no tienen el suficiente espacio para muros de protección, por lo que se reforzará la mampostería para colocación de puertas y ventanas blindadas.
En la Zona 8, por ejemplo, se tomarán en consideración los distritos y circuitos Alborada, Garay, Guasmo y Divino Niño (Durán). Las otras intervenciones se darán en zonas de las provincias de Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena y Pichincha.
En general, el costo del mantenimiento con cerrramiento perimetral en 59 UPC demandará una inversión de $ 7?450.753,83, las mismas labores en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Florida (norte de Guayaquil) serán por $ 445.829,36, y el reforzamiento de estructuras y mantenimiento de 21 UPC costará $ 941.202,11. Por los tres rubros se demandará una inversión de $ 8?837.785,30.
Ponce dijo que se empezará a realizar el proceso de contratación pública a partir de la siguiente semana. Inicialmente se comenzaría con aquella veintena de unidades que no necesitan los muros de protección y después se iniciará la remodelación de las más de 50 unidades policiales que requieren los estudios de suelo para los cerramientos.
Para la próxima semana, el lunes 13, se contempla una reunión con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para exponer este proyecto. “Ojalá tengamos la posibilidad de concretar con el Cuerpo de Ingenieros lo que facilitaría y aminoraría todos los tiempos por el tema de la contratación pública y por tratarse de una entidad pública y del Estado”, indicó Ponce.
Las autoridades estiman que este proyecto de intervención y repotenciación pueda darse en unos 60 a 70 días, dependiendo de los procesos de contratación pública.
Cuarteles intermedios
A su vez, Giovanni Naranjo, de la Policía Nacional, dio detalles de la implementación de cuarteles intermedios que tienen como objetivo prevenir y combatir de manera efectiva y segura las nuevas amenazas y riesgos para los servidores policilaes y ciudadanía.
En una primera fase se implementarán 20 cuarteles intermedios, 16 de tipo B con una capacidad de 250 servidores policiales y 4 tipo A para 150 uniformados, con una proyección de ampliación.
Los cuarteles intermedios de la zona 8 se ubicarán en los distritos Sur (1), Durán (3), Nueva Prosperina (2), Pascuales (2), Portete (1), Florida (1), Progreso (1) y Esteros (2). Además habrá en las provincias de Esmeraldas (2), Los Ríos (1), Guayas (2, en Jujan y Milagro), El Oro (2) y Santo Domingo (1).
Naranjo expuso que 12 de los 20 cuarteles intermedios se construirán en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, incluso dos en ciertos distritos como Durán, Nueva Prosperina, Sur y Pascuales. Estos sitios se escogieron por la tasa de homicidios, atentados a dependencias policiales, policías asesinados y agredidos, delitos cometidos y daños a bienes policiales, se indicó.
El equipo técnico determinó que este proyecto demandará un presupuesto de $ 151 millones. Los cuarteles tipo A tienen un costo estimado de $ 5?550.000 y los de tipo B, $ 8 millones. El presupuesto total para los 20 cuarteles intermedios será de $ 150,8 millones.
El servidor policial destacó que estas implementaciones conllevará una serie de beneficios para los uniformados y ciudadanía, como un impacto en la seguridad ciudadana, elevación de los niveles de protección, integridad del talento humano, fortalecimiento del control, seguimiento y evaluación de la conducta y disciplina policial, generación de espacios de cohesión y convergencia policial, reducción de permeabilidad a la corrupción, además de brindar mejores condiciones para el continuo desarrollo profesional de los servidores.
“Todo esto va a permitir una gestión operativa efectiva y eficiente y consecuentemente mejorar la seguridad ciudadana en estos distritos donde tenemos serios problemas, pero a la final esto se replica en toda la ciudad”, dijo.
En un video explicativo se expusieron las características de un cuartel tipo “fortaleza” para proteger la vida de los servidores policiales y reaccionar ante algún evento violento o atentados. En estos cuarteles hay espacios de áreas como auditorios, aulas de clase, áreas de práctica de tiro virtual, rastrillo, comedores, canchas deportivas, incluso se proyectan muros resistentes a impactos y hasta explosiones, se indicó.
Estos cuarteles intermedios se espera tenerlos listos para este año dependiendo del avance en la contratación pública, adelantaron autoridades. Los cuarteles tipo A estarían asentados e espacio de una hectárea y los tipo B, en 1,5 hectáreas.
Los comandantes de las jurisdicciones escogidas ya trabajan para tener esta disponibilidad de terrenos. Zapata dijo que en algunos casos sería necesario buscar el apoyo de autoridades locales salientes y entrantes para encontrar espacios en las zonas donde se necesitan los cuarteles.
Con algunos ya se ha conversado, adelantó. Para otras necesidades resaltó que han recibido el apoyo de Machala y Quito, donde se ha facilitado espacio para recibir a uniformados policiales.
Él ratificó que se busca agilizar el proceso de contratación pública bajo la figura de régimen especial y posiblemente encaminar el proyecto con el Colegio de Ingenieros del Ejército (CIE).
“Creo que para los temas de seguridad, como estos, la contratación pública debe ser distinta, porque nosotros seguimos los mismos procesos como si se va a comprar un vehículo para el Municipio de Riobamba, es exactamente lo mismo y no debería ser así, pero hay que jugar con las reglas que se tienen y cumplirlas”, dijo Zapata. (I)