Sin acuerdo terminaron este martes las negociaciones entre la defensa del exvicepresidente Jorge Glas y las autoridades de Gobierno, representadas por la Secretaría de Derechos Humanos, para evaluar si hace falta algún tipo de modificación sobre la situación carcelaria del exalto cargo.
Las dos partes buscaban implementar las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Glas.
Harrison Salcedo, abogado defensor, planteó que cambie de la cárcel de Latacunga a un arresto domiciliario o que sea trasladado de centro para terminar de cumplir su sentencia de seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht.
Pero, según Salcedo, la Secretaría hizo una propuesta demasiado pobre: más horas de patio. A su juicio, ese planteamiento no ayuda a mejorar la situación de Glas sino que «da la oportunidad de que atenten contra la integridad física de Jorge Glas».
Salcedo cuestionó que las autoridades no sean capaces de ver la necesidad del arresto domiciliario, del traslado o del cambio de régimen a una cárcel que podría ser más accesible a las necesidades de salud y atención integral de Glas, quien además de cumplir condena por el caso Odebrecht, ha sido ahora llamado a juicio por el posible delito de cohecho en la trama de Sobornos 2012-2016.
El defensor cuestionó que la cita para negociar las condiciones de Glas sea en realidad un mero formalismo, del que no se deduce una verdadera intención por parte de las autoridades de acatar las medidas de la CIDH.
La Secretaría, en un comunicado, señaló que en el marco de la coordinación del cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión, se reunió con el abogado defensor para analizar las medidas que se adoptarán a fin de precautelar su vida e integridad, de conformidad con la resolución 69/2019.
El organismo describió que la reunión se desarrolló con normalidad y el abogado representante planteó como medida la sustitución de la pena privativa de la libertad por arresto domiciliario. No obstante, la Secretaría despachó la propuesta aclarando que no es competente para determinar la sustitución de una pena establecida en sentencia por un juez.
El comunicado concluye que el gobierno ratifica su compromiso y respeto a los derechos humanos, también a las decisiones judiciales nacionales y a la lucha contra la impunidad, todos fundamentales en una sociedad democrática.
Esta es la segunda concesión de medidas cautelares que hace la CIDH para altos funcionarios del correísmo, investigados por la justicia común. En una primera disposición Paola Pabón, prefecta de Pichincha, recibió la medida de presentación periódica ante la autoridad, la prohibición de salida del país a cambio del retiro de la prisión que afrontaba desde el pasado 15 de octubre en que recibió cargos tras los hechos registrados en la protesta de octubre.
Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa hubo cuestionamientos y deméritos al papel que cumplía ese organismo.
La diferencia entre el caso de Pabón y el caso de Glas es que el primero se encuentra aún en investigación que pudiera concluir con un dictamen acusatorio o abstentivo. En cambio, Glas tiene ya una sentencia ejecutoriada por un delito de corrupción. (Expreso)