La Fiscalía General del Estado, a través de un boletín de prensa, informó que en agosto de 2018, el padre de una niña de 11 años denunció en la Fiscalía de Pangua, que su hija había sido violada en reiteradas ocasiones por su padrastro, Franklin L., y que la madre estaba al tanto de lo que ocurría, pero que se negaba a denunciarlo. La Fiscalía inició la investigación y pidió la recuperación de la menor.
Con orden del Juez Multicompetente de este cantón, agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) rescataron a la menor, misma que estaba encerrada en un cuarto en condiciones deplorables, con candado por fuera, cuya llave tenía la madre. En el lugar permanecía la víctima junto al victimario, Franklin L., quien estaba escondido debajo de la cama cuando los agentes ingresaron.
Tanto la madre de la menor como el procesado fueron detenidos, debido a que la niña manifestó que dormían los tres -con la mamá- en la misma cama, pues él mantenía relaciones sexuales con ambas. Luis Lozada, fiscal encargado en Pangua, dispuso la práctica inmediata del examen médico ginecológico y otras pericias.
En la audiencia de calificación de flagrancia, el juez ordenó la prisión preventiva tanto para la madre como para el padrastro. Pero, luego de un examen psicológico y un estudio psiquiátrico, la mujer recuperó su libertad en audiencia de apelación a la prisión preventiva. Además, los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi ordenaron que sea ingresada en un centro psiquiátrico, ya que los exámenes determinaron que tenía discapacidad y había sido víctima de violencia.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, en la audiencia de juzgamiento, constan el reconocimiento médico legal, el testimonio anticipado de la víctima, en el que relató que desde los siete años -cuando fue a vivir con su mamá- Franklin L. le agredió sexualmente, pero su madre no dijo nada y con el pasar de los años se acostumbró.
Además, el fiscal expuso la valoración psicológica, los testimonios del denunciante y de los testigos, el estudio del entorno social de la víctima, de los rasgos de personalidad del procesado y el reconocimiento del lugar de los hechos.
Tras valorar estos elementos probatorios, el Tribunal de Garantías Penales dictó sentencia condenatoria de 29 años y cuatro meses de pena privativa de libertad en contra de Franklin L. (La Hora)