El secuestro de una niña de 12 años ocurrido el pasado 12 de junio en Cascales, provincia de Sucumbíos, es, según el ministro del Interior, Mauro Toscanini, un delito «de orden familiar».
El funcionario señaló la mañana de este martes 3 de julio del 2018, en rueda de prensa, que el plagio habría sido perpetrado por «la pareja» de la menor. Su declaración, generó rechazo en redes sociales; los internautas cuestionaron por minimizar un caso de abuso sexual de un adulto contra una niña.
Según el Código de la Niñez, «constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio».
El hombre indagado por el secuestro tiene 23 años y antes había dejado embarazada a la niña. Toscanini señaló incluso que la menor habría convivido con el sospechoso. El funcionario descartó así que se trate de un caso relacionado con disidentes de grupos armados de Colombia.
Cascales es un cantón que se encuentra en Sucumbíos, cerca de la frontera con Colombia. El 12 de junio último, la niña fue sacada por la fuerza de una unidad educativa.
El Ministerio de Educación señaló el lunes 2 de julio que el 30 de mayo, a través de su Distrito Educativo, tuvo «conocimiento de la situación de violencia sexual que estaba atravesando una de sus estudiantes fuera del espacio educativo. En forma inmediata el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) del Distrito se acercó a la familia de la menor y a la unidad educativa, para brindar la asesoría jurídica y psicológica del caso».
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de violación «es el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo».
El COIP puntualiza que ese delito se sanciona con pena privativa de libertad de 19 a 22 años «cuando la víctima sea menor de catorce años». Asimismo, la misma normativa castiga el secuestro de personas menores de 18 años, embarazadas o víctimas de violencia sexual con una condena de 10 a 13 años de cárcel.
En su comunicado, Educación señaló que el «12 de junio, la menor fue sacada de la unidad educativa sin consentimiento de sus representantes y con uso de la fuerza, por lo que se procedió a la denuncia y al apoyo legal a la familia de la víctima y al acompañamiento psicológico al círculo familiar y estudiantil de la afectada. En efecto, el mismo día de los hechos, la docente a cargo del curso donde estudia la menor denunció a la Policía Nacional lo ocurrido». (El Comercio)