A 16 días de la esperada apertura de las playas, prevista para el 22 de julio, los medianos y pequeños sitios de alojamiento entre hoteles y hosterías en la costa hacen sus cálculos esperanzadores, también hablan de sus pérdidas y las plazas de empleos que debieron recortar para no desaparecer durante la pandemia del COVID-19 que los mantuvo más de 80 días cerrados.
Es que el virus llegó en marzo, un mes de temporada alta.
Carlos Abad es presidente de la Cámara de Turismo de Santa Elena y maneja el hotel Makai y los clubes Lux, Poco Loco y Abad Lounge en Montañita. Él asegura que la temporada alta en la costa es desde el 26 de diciembre hasta la primera semana de mayo.
«Esa temporada es la que alimenta la economía del sector hotelero de toda la península y que ayuda a sobrevivir la temporada baja que se inicia en mayo», explica el dirigente y empresario, que mantiene sus negocios cerrados, contabilizando una pérdida de hasta los $100 000 solo en el hotel.
Asegura que aunque no ha despedido a su personal, 44 en total, sí negoció con ellos vacaciones forzadas a la espera de la reactivación; sin embargo, asegura que no sabe si todos podrán volver a sus trabajos.
Por su parte, Esteban Fiallos, propietario del Hotel Poseidón, de Manta, que tiene 40 habitaciones, se vio obligado a despedir a 40 de sus 50 empleados debido a que no hubo ingresos en abril y mayo y que desde junio no alcanzaron ni el 10 % de lo que se vendía antes.
«Vamos a ver qué pasa en julio, la apertura de las playas está prevista para el 22, es un largo tiempo, se perdería un mes entero de las vacaciones de la Sierra», critica Fiallos, quien cree que la recuperación será lenta.
Más aún cuando lo que generaban los principales ingresos, los eventos sociales o de negocios que incrementaban los alojamientos, todavía están prohibidos.
Recuerda que en años normales, sin COVID-19, julio y agosto, en Manta, eran los meses más fuertes.
«En julio se lograba tener un 85 % o 90 % de ocupación promedio y ahorita ojalá lleguemos en julio al 30 % y en agosto al 50 %«, dice el empresario, quien cree que se necesitarán doce meses más para volver a los números del 2019 que, según sus cuentas, ya eran malos.
En tanto, el Hillary Resort, de Arenillas, en la provincia de El Oro, tuvo que recortar el 22 % de su personal, es decir, 47 plazas de trabajo de las 175 que generaba, indica su gerente Juan Carlos Rojas.
Rojas asegura que desde el 17 de marzo al 3 de junio pasado, cuando reabrieron, no tuvieron ningún ingreso y desde la reactivación hasta la fecha se han reducido en un 25 % en comparación con el 2019.
«Con respecto a lo que va del año nuestros ingresos cayeron el 50 %; proyectamos una caída de al menos el 40 % para el 2020», sostiene el gerente del Hillary Resort, que cuenta con 177 habitaciones.
Sobre una reactivación, Rojas piensa que no será sino hasta finales del 2021, es decir, recién para el 2022 pensar en un crecimiento en ventas respecto del último periodo prepandemia (2019), sin tomar en cuenta posibles rebrotes.
En Ballenita, Douglas Dillon, gerente general de la hostería Farallón Dillon, es más optimista, pues desde el 1 de junio en que se reactivó su ocupación llegó al 30 % y en la actualidad está al 50 %.
Sin embargo, esto no significa que no haya tenido que realizar sacrificios, pues tuvo que despedir a 8 personas de las 40 en total que emplea. «Las pérdidas son incalculables, serían unos $30 000 mensuales, $90 000 en tres meses que estuve paralizado», expresa el empresario, quien sin embargo cree que la recuperación será lenta hasta que los turistas pierdan el temor a viajar.
Moteles abiertos con restricciones
Los moteles están abiertos desde que Guayaquil avanzó al semáforo amarillo a finales de mayo pasado, pero con restricciones y grandes pérdidas, debido a los casi tres meses de inactividad, según algunos administradores de estos negocios.
«No generamos ingresos por tres meses, algunos tuvimos que despedir hasta más del 50 % del personal, y después de abrir no llegamos ni al 15 % de los ingresos normales», dice uno de ellos, quien prefirió la reserva.
Estos sitios, de los que hay cerca de 200 en Guayaquil, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), solo pueden operar al 30 % de su capacidad, como consta en el Instructivo para el Control Preventivo de Establecimientos Regulados por el Ministerio de Gobierno durante la Semaforización de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.
También se exige a los moteles que brinden el servicio de comida en productos desechables, estos deberán ser desechados inmediatamente de su uso; y solamente podrán funcionar de acuerdo con el horario de toque de queda en cada semáforo: amarillo (de 05:00 hasta 18:00) y verde (de 05:00 hasta 21:00).
Además hay otras normativas de bioseguridad, limpieza y desinfección de las instalaciones, entre otros.
Juan Carlos Macio, gerente administrativo de la cadena de moteles Éxtasis, confirma que sus locales trabajan bajo este instructivo, aunque prefiere no pronunciarse sobre la situación actual. «Por ahora preferimos no emitir ningún criterio hasta que la economía se estabilice», manifiesta el directivo.
Del 25 % al 30 % de despidos en restaurantes
El sector de restaurantes, alimentos y bebidas también recurrió a los despidos para mantener su operación durante la pandemia del COVID-19, asegura Francesca Ferrero, presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas, quien reveló que hubo entre el 25 % y el 30 % de despidos.
Actualmente la situación ha mejorado, dice Ferrero, lo que se refleja en que la facturación de los establecimientos que están funcionando ha alcanzado el 45 % en promedio en comparación con el histórico.
«Tenemos esperanza, ahora con la flexibilización del horario esperamos un crecimiento del 14 % de la facturación al tener ya el domingo, el día de mayor venta de establecimientos de alimentos y bebidas», menciona la dirigente gremial, quien sin embargo sabe que el cambio de las restricciones no es garantía de que las ventas vayan a aumentar debido al temor de los clientes.
Por eso, para dar seguridad a los clientes, la asociación presentó un plan piloto al Gobierno.
Se trata de un taller presencial con la Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria) sobre manipulación de alimentos con una categorización actualizada al COVID-19. Luego de esta actividad los establecimientos tendrán quince días para implementar las medidas básicas de bioseguridad, para obtener un sello de calidad de bioseguridad.
Además, la asociación tiene en carpeta solicitar la eliminación del anticipo de impuesto a la renta y pedir un incentivo de reactivación económica para los próximos seis meses, que puede ser una disminución o la eliminación del IVA para el sector de restaurantes, alimentos y bebidas. (El Universo)