El Consejo de la Judicatura (CJ) inició un sumario administrativo en contra de Wilmer Tuza, agente fiscal de Imbabura, quien está acusado de una presunta violación a una mujer con discapacidad.
Así lo informó, este 23 de abril, la Presidenta del CJ, doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, durante la visita que realizó a dependencias judiciales de Imbabura, en compañía de los vocales, doctores Juan José Morillo, Patricia Esquetini, Fausto Murillo y Maribel Barreno, así como el director general, doctor Pedro Crespo.
En rueda de prensa, la doctora Maldonado explicó que actuaron en el caso mencionado ya que quienes presidían el CJ anterior no emprendieron ninguna acción.
“Además iniciamos un proceso administrativo en contra de las autoridades anteriores de la Dirección Provincial y la investigación hacia los fiscales provinciales que actuaron mientras se mantenía la prisión preventiva del fiscal Wilmer Tuza”, señaló.
Durante el encuentro, la Presidenta del CJ y los vocales explicaron las acciones cumplidas dentro de los 4 ejes de gestión institucional.
La vocal Patricia Esquetini señaló que las visitas realizadas a las provincias de Imbabura, Carchi, Santa Elena, Guayas, Manabí y Azuay sirvieron para el fortalecimiento de las unidades judiciales que conocen los casos de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
En el caso de Imbabura, Cotacachi contará con una trabajadora social; Ibarra tendrá un médico, una psicóloga y una trabajadora social; y, en Otavalo también se incorporará una psicóloga. “Estamos completando los equipos técnicos lo cual permitirá que se atienda en menos tiempo y de manera efectiva a las víctimas de violencia”, sostuvo la vocal.
El Consejo de la Judicatura también realizará un seguimiento permanente de los hechos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, para conocer los nudos críticos que deben resolverse con jueces y operadores de justicia para mejorar la atención.
En esta misma línea, la vocal Esquetini explicó que, junto con las direcciones de Gestión Procesal y de Tecnologías de la Información, se desarrolla un sistema informático que permitirá solicitar medidas de protección administrativas para víctimas de violencia.
Otra estrategia es la capacitación virtual y presencial cuyo objetivo es que jueces, fiscales y defensores públicos trabajen en casos prácticos y armonicen criterios. “Estas son algunas de las estrategias que estamos desarrollando”, concluyó.
De su parte, el director general del CJ, Pedro Crespo, señaló que en la dependencia que él preside se encontraron más de 600 trámites pendientes de resolución que dejaron las autoridades anteriores, sin embargo estas se redujeron de forma notable en tres meses de trabajo del actual Consejo. “Detectamos muchos problemas de contratación pública y hay varios problemas en la infraestructura de edificios de diferentes provincias”, indicó.
Como parte de su agenda, el Pleno del CJ presentó al nuevo director provincial Jaime Lozada, quien dijo que su trabajo se enmarcará en los ejes de acción del Consejo para consolidar un servicio que genere confianza en la ciudadanía.
Además, las autoridades de la Judicatura se reunieron con jueces de la provincia y realizaron un recorrido por el Complejo Judicial de Otavalo.
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