La vocal Zobeida Aragundi y el director general, Juan Vizueta, a nombre del Consejo de la Judicatura (CJ) presentaron, ante el fiscal provincial de Guayas, Edmundo Briones y en la Contraloría, una denuncia por presuntos actos de corrupción que habrían ocurrido en los complejos Judiciales de Guayaquil Norte y Sur; y en el Archivo Pasivo.
La doctora Aragundi dio a conocer que existen informes que evidenciarían un perjuicio para la Función Judicial, superior a los 400 mil dólares, dinero que hay que recuperarlo de inmediato, señaló.
En declaraciones a la prensa, este lunes 30 de julio, la doctora Aragundi explicó que, por ejemplo, el CJ alquiló bodegas para guardar archivo pasivo de la Corte Provincial. El pago mensual por este concepto era de 17.500 dólares más IVA. Según un informe de la Contraloría, por este servicio no debió pagarse más de 3000 dólares.
En otro caso, el CJ paga 14 mil dólares mensuales por tres bodegas ubicadas en Durán (Guayas). Una permanece vacía, otra está subutilizada y en la tercera se guardan “cachivaches”, dijo la vocal.
Asimismo existirían irregularidades en el Complejo Judicial Norte – Florida, donde funcionaban varios negocios (cafetería, servicio de internet, una librería y una estación de taxis). De estos servicios no existen contratos escritos y tampoco nadie ha pagado oficialmente por el uso de las instalaciones.
La vocal Aragundi señaló que en este hecho estarían involucrados “funcionarios judiciales que, en complicidad con personas naturales, atracaron los recursos de la Función Judicial”.
De acuerdo a lo que explicó la doctora Aragundi, uno de los involucrados, habría indicado que por algunos meses entregó una cantidad de dinero a un funcionario judicial que, supuestamente labora en Daule.
Por su parte, el director general, Juan Vizueta, señaló que la Judicatura espera que la Fiscalía Provincial de Guayas investigue estos actos de corrupción en la administración de justicia para que los responsables sean sancionados.
Tomamos las precauciones y terminamos de manera unilateral esos contratos; y pedimos a la Fiscalía y a la Contraloría que realicen un examen exhaustivo y determinen responsabilidades civiles y penales, por acción y por omisión, de los funcionarios judiciales que actuaron inadecuadamente en complicidad con personas naturales, propiciando un perjuicio económico a la Función Judicial de Guayas, manifestaron las autoridades.
El fiscal Briones, indicó que la denuncia será tramitada inmediatamente para esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y de ser el caso que sean sancionados.