El Presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Marcelo Merlo, suspendió en el ejercicio de sus funciones a la jueza de la Unidad Multicompetente, con sede en el cantón Samborondón, Paola de los Ángeles Dávila López.
La medida provisional estará vigente por 90 días y se la adoptó con base en una denuncia presentada por Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Esa entidad cuestionó la decisión de la mencionada jueza de ordenar la sustitución de la prisión preventiva dictada contra el exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, investigado por lavado de activos, delito tipificado en el artículo 317, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal y sancionado con penas de 10 a 13 años de privación de libertad.
De acuerdo a la UAFE, la resolución de la jueza habría vulnerado la normativa que establece que la sustitución de medidas cautelares (en este caso la prisión preventiva) no cabe en delitos sancionados con una pena privativa de libertad superior a cinco años.
La resolución firmada por el Presidente Merlo se sustenta en el numeral 5 del artículo 269 del Código Orgánico de la Función Judicial que establece que el titular del CJ tiene la atribución de suspender, sin pérdida de remuneración, a los servidores de la Función Judicial, en casos graves y urgentes.
En este contexto, el documento de suspensión contra la jueza Dávila determina que este es un caso “donde se advierte una presunta infracción disciplinaria y presuntas actuaciones en contra de ley expresa”.
En texto dispone que la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura inicie un sumario disciplinario en contra de Dávila. Asimismo ordena que la copia de la denuncia de la UAFE y la suspensión se remitan a la Fiscalía General del Estado para que ese organismo inicie la respectiva investigación y determine la existencia de posibles delitos de acción pública.
Indignación y oposición
En torno a la decisión adoptada por la Presidencia del Consejo de la Judicatura, el vocal Juan Pablo Albán, en uno de sus tuits monstró su rechazo a la misma, incluso aseguró, que se encontraba indignado por la decisión tomada para la suspensión de la jueza.
Al consultársele sobre la medida, Albán expresó: …”la decisión la tomó el Presidente en uso de sus facultades, tan pronto conocí de ella expresé mi indignación y oposición al respecto”. Así mismo indicó que “…el @CJudicaturaEc respetará de manera absoluta las facultades jurisdiccionales e independencia de los jueces, que deben resolver según su mejor criterio. Lo mismo planteé semanas atrás a organizaciones indígenas e internacionales que nos visitaron”. (Fuente El Universo y redes sociales)