El Consejo de la Judicatura (CJ) solicitó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que agilite las investigaciones de todas las denuncias por presuntos delitos cometidos por jueces u otros servidores judiciales para aplicar las sanciones administrativas correspondientes.
Así lo informó, este 24 de agosto, la Presidenta del CJ, doctora María del Carmen Maldonado Sánchez, en declaraciones a varios medios de comunicación.
La doctora Maldonado informó que también solicitó a la Fiscal que, cuando la etapa procesal lo permita, proporcione las pruebas y evidencias recabadas dentro del caso denominado sobornos 2012-2016 para aplicar las sanciones administrativas que ameriten.
En este marco, la Presidenta del CJ explicó que como parte del eje de gestión institucional Lucha contra la corrupción, en siete meses de trabajo, el Pleno de la institución aprobó 328 resoluciones disciplinarias, que involucraron a 493 servidores judiciales.
Como parte de estas acciones, se sancionó con la destitución a un total de 47 funcionarios, de los cuales 19 son jueces, cinco fiscales, tres defensores públicos y 20 que ocuparon otro tipo de cargos en la Función Judicial.
La doctora Maldonado señaló que de los jueces separados de sus cargos, 13 incurrieron en manifiesta negligencia y seis en error inexcusable, dictaminado por un juez superior.
El Consejo de la Judicatura, de acuerdo con lo que disponen los artículos 107, 108 y 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, puede imponer sanciones por infracciones leves, graves y gravísimas, de amonestación escrita, multa, suspensión y destitución en cada uno de sus casos.
La Presidenta del CJ reiteró en que el Consejo de la Judicatura continuará en su misión de depurar a la Función Judicial lo cual implica separar de la institución a jueces, fiscales, defensores públicos, notarios u otros servidores que no actúen en estricto cumplimiento de lo que establecen la Constitución y leyes vigentes en el país. “Somos implacables en el control disciplinario”, aseguró.
Be the first to comment