Una de las juezas que lleva el caso de David Romo recibió denunció supuestas amenazas en su contra. Puso la denuncia y ahora se encuentra resguardada para evitar que ocurran hechos anormales que impidan el desonvolvimiento del caso.
Actualmente, a escala nacional, 36 magistrados tienen resguardo de la fuerza pública (en el país trabajan 1 946 jueces).
La Judicatura conoce que los jueces frecuentemente se ven expuestos a insultos, llamadas y mensajes para amedrentarlos y amenazarlos con daños a ellos o a sus familiares.
En otros casos, los funcionarios judiciales han pedido protección, porque desconocidos les persiguen hasta sus domicilios cuando salen de sus jornadas de trabajo y también han atentado contra sus vidas.
De hecho, en el 2017 la jueza que ahora conocerá el caso Romo recibió protección durante seis meses. Ella recordó ayer que tras mencionar la sentencia en otro proceso judicial, los familiares de los procesados le insultaron y lanzaron botellas.
La Policía tuvo que sacarla por la puerta de atrás y un auto la persiguió hasta su casa. Por eso tuvo que cambiarse de domicilio y enviar a su hijo a otro colegio. “Es importante que el Consejo de la Judicatura apoye y respalde a los jueces para que puedan desarrollar un trabajo que implica riesgos”.
Otro caso ocurrió el año pasado en Guayas. Una magistrada fue emboscada por un auto y dos motos, cuando salía de su trabajo.
Uno de los sospechosos le apuntó con un arma de fuego, la insultaron y luego huyeron. La funcionaria fue trasladada a otra Unidad Judicial.
Los jueces con protección están en Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Pichincha, Azuay y Galápagos. En la Amazonía no se han registrado casos.
La Judicatura asevera que la mayor cantidad de denuncias de amenazas ocurre en la Costa. Esta entidad conoció cuatro casos más que actualmente están en trámite.
Para solicitar protección, los jueces deben hacer una solicitud a la Dirección del Consejo de la Judicatura, en la que expliquen cómo ocurrió la intimidación. Luego, la entidad analiza el requerimiento y oficia al Ministerio del Interior.
Esta Cartera de Estado hace un análisis de riesgo y luego dispone a un policía para que brinde seguridad. En el Reglamento de Actividades de Protección Pública (art. 17) se establece que los agentes brindarán seguridad a los funcionarios que por su trabajo corren riesgo. (El Comercio)
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