El pleno del Consejo de la Judicatura dispuso el reintegro de José Suing y Gustavo Durango a los cargos que desempeñaban en la Corte Nacional de Justicia antes de ser destituidos en 2013 y dio por finalizada la designación temporal de dos conjueces del organismo.
El 20 de diciembre de 2013 el pleno de la Judicatura, dentro de un expediente disciplinario destituyó a Suing y a Durango quienes eran juez y conjuez de la Sala de lo Contencioso Tributario de la Corte, respectivamente. Se les atribuyeron infracciones disciplinarias por supuesta falta de motivación y error inexcusable.
Los funcionarios destituidos acudieron el 28 de febrero de 2014 al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Quito, con una demanda en contra del Consejo y solicitaron se declare la nulidad e invalidez jurídica de la resolución que los destituyó.
De la sentencia emitida por esa instancia los exfuncionarios presentaron recurso de
casación ante la Corte Nacional. El pasado 10 de junio la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte, aceptó el recurso de casación y ordenó el inmediato reintegro a las funciones que desempeñaban Suing y durango antes de su destitución. El reintegro operará hasta que culmine el período para el cual fueron designados.
El pleno dispuso a la Dirección de Talento Humano que emita las acciones de personal de terminación de las designaciones temporales de Gilda Morales, quien regresará al cargo que ejercía en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito. Esa vacante será llenada por Suing. Mientras que para el cargo que desempeñaba Durango se puso fin al encargo a Diego Gordillo quien regresa al Tribunal de lo Contencioso en Ambato, Tungurahua.
La ejecución de la resolución se puso en conocimiento de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica para que notifique a la Corte con el cumplimiento de la sentencia.
En 2013 el Consejo presidido por Gustavo Jalkh destituyó a los dos funcionarios por presuntamente fallar en contra del Servicio de Rentas Internas (SRI), en una demanda al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). En ese año 165 jueces del país fueron destituidos por supuestas anomalías en el desempeño de sus cargos. La queja fue presentada por el entonces director del SRI Carlos Marx Carrasco.
El caso llegó a la Corte Constitucional por una acción extraordinaria de protección que presentó el organismo de rentas. Se acusó a los jueces de no dar paso a glosa por una supuesta subcapitalización y simulación de crédito, que habría generado tributos menores para el país. En 2003 el SRI señaló que ese acto habría provocado que se deje de pagar alrededor de 17.7 millones de dólares en tributos.
Uno de los razonamientos de los jueces que admitieron parcialmente la casación fue que se observó que el denunciante (Carlos Marx carrasco) «jamás acusó a los doctores José Dionicio Suing Nagua y Gustavo Adolfo Durango Vela de haber actuado de manera oficiosa resolviendo el recurso de casación fundamentándose en causales distintas a las alegadas por el recurrente«. Los jueces añaden que ése es precisamente el motivo por el cual el Consejo de la Judicatura destituyó a ambos judiciales.