La red de corrupción que involucra al asambleísta Daniel Mendoza no estaba centrada solamente en el sector salud. Uno de los involucrados en el caso formó parte de una empresa contratada para el soterramiento de Bahía de Caráquez.
El contrato, que está lleno de irregularidades, aún no termina cuatro años después del terremoto.
El involucrado es Franklin Calderón, identificado como uno de los “gestores” del legislador en Manabí.
Como diario PRIMICIAS reveló, la familia de Calderón está también a cargo de la fiscalización de la construcción del nuevo Hospital de Bahía. Además, el “gestor” es un contratista incumplido del Estado desde hace más de 10 años.
Pese a ello fue superintendente de obra en un proyecto de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) asociado a la reconstrucción de Manabí. Se trata del plan de soterramiento y tendido eléctrico del centro de Bahía.
El Plan Priza y un primer contrato fallido
El Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas (Priza) se creó en abril de 2016. Era un proyecto administrado por CNEL y enfocado a las redes eléctricas de las zonas más afectadas por el terremoto.
La iniciativa tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Ley de Solidaridad.
El plan se divide en tres tipos de proyectos:
- Sistemas eléctricos
- Infraestructura civil
- Sistemas especiales (soterramiento de redes)
El presupuesto es de alrededor de USD 170 millones, según informes del Plan Priza.
Para el soterramiento se escogieron a las ciudades manabitas de Calceta, Bahía, Jama, Portoviejo, Manta y Pedernales. En Esmeraldas la beneficiada sería Muisne.
En Bahía de Caráquez, el proceso de contratación se inició en 2017, y fue adjudicado al Consorcio Soterramiento Zona Cero Bahía.
Pero en marzo de 2018, CNEL terminó unilateralmente el contrato porque el contratista había presentado garantías falsificadas. Se trata de un caso similar al primer contrato del Hospital de Pedernales, donde también hubo pólizas falsificadas).
Esto le permitió a CNEL hacer la segunda contratación del mismo proyecto de manera directa.
Una adjudicación entre familiares
En mayo de 2018, cuando se terminó el anterior contrato del Plan Priza, el gerente de este proyecto era Vicente Calderón.
Fue él quien también firmó la adjudicación directa a la empresa Jobozaga Cia. Ltda.
Jobozaga pertenece a José Bolívar Zambrano y su familia. El supervisor de obra para el soterramiento fue Franklin Calderón, hermano del gerente de Priza, Vicente Calderón.
Franklin Calderón está detenido desde el 5 de junio de 2020, como parte de la red de corrupción del asambleísta Daniel Mendoza.
La Fiscalía lo señala como uno de los “gestores” del legislador en Manabí, pues a través de chats conversaba y recomendaba gente a su nombre.
Además, su padre y su hermano, Vinicio y Yimmy Calderón, son los fiscalizadores de la construcción del Hospital de Bahía. Un contrato adjudicado por los mismos trabajadores de Secob que al momento están detenidos.
El contrato para el soterramiento de Bahía se firmó el 12 de junio de 2018, por USD 8,2 millones. El plazo establecido es de 10 meses.
Pero más de dos años después, el proyecto sigue pendiente. La posibilidad de un contrato complementario para ampliar el área del soterramiento ha causado problemas.
Actas falsificadas para pedir más dinero
En febrero de 2019, el administrador del contrato denunció irregularidades. A través de un oficio al que tuvo acceso PRIMICIAS, el funcionario advirtió sobre la posibilidad de que el contratista hubiera falsificado un acta para pedir más dinero.
Esta empresa Jobozaga solicitó a finales de 2018 una “consideración de rubros nuevos”.
Para cancelar estos rubros, la información debe ser verificada por el equipo de fiscalización, que en este contrato son funcionarios de CNEL porque no se contrató fiscalización externa.
Fue así que la empresa presentó un documento, con fecha 9 de julio de 2018, en que los fiscalizadores aprueban la ampliación de las calles de soterramiento.
El acta está firmada por los agentes fiscalizadores y se presentaba como respaldo para el pago de esta ampliación.
Pero el documento era falso. El administrador del contrato tuvo acceso al acta original (cuyos respaldos tenían los fiscalizadores de CNEL) y pudo revisar que la ampliación del diseño, la variación de cantidades y los rubros nuevos nunca fueron aprobados.
Esta ampliación del área de soterramiento no había sido considerada en el diseño original del proyecto. Pese a ello, las obras se ejecutaron y la empresa solicitó su pago con el acta falsificada como base.
El presunto delito se puso en conocimiento del gerente de Priza, para ese entonces Diego Orbe. CNEL presentó una denuncia en la Fiscalía por uso doloso de documento falso, que está aún en investigación.
Además, CNEL pidió la separación de Franklin Calderón como supervisor de obra en marzo de 2019. Este fue desvinculado del proyecto el 21 de marzo de 2019.
Nuevas gerencias de Priza En diciembre de 2019, la gerencia de Priza pasó a manos de Manuel Barberán.
Él es una de las personas mencionadas en los chats entre Franklin Calderón y José Véliz.
Allí aparece el nombre de Barberán y se habla de la repartición de CNEL.
Chats del caso Hospital de Pedernales presentados por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos Satje
Barberán salió poco después de la gerencia del Plan Priza. En febrero de 2020 fue separado del cargo por la gerencia de CNEL, después de denuncias internas, entre otras, relacionadas justamente con el contrato de soterramiento de Bahía.
Pero durante la administración de Barberán, comenzaron las gestiones para que Jobozaga pueda firmar un contrato complementario para ampliar las obras en Bahía.
En mayo de 2020, Limberg Macías Mendoza fue designado nuevo gerente de Priza. Y de momento, continúa con la posibilidad de firmar el contrato complementario con Jobozaga.
PRIMICIAS solicitó a tres funcionarios de Comunicación de CNEL una entrevista con el interventor, Donald Castillo, para hablar del Plan Priza y estas irregularidades. Hasta el cierre de este reportaje el 28 de junio, no hubo una respuesta.
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