Una intencionalidad y “manipulación política” se estaría forjando para deslegitimar las actuaciones de la Corte Constitucional (CC).
La advertencia la planteó Ramiro Ávila, exjuez de la Corte, luego de que el 29 de agosto de 2023, Leiver Quimis Sornoza, magistrado de la Unidad Judicial de Montecristi (Manabí), concedió una acción de protección a favor de la ciudadana Betty Moreira Marcillo, para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) conforme una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las acciones administrativas y designación de jueces por parte del Cpccs Transitorio de Julio César Trujillo.
También se buscaría revisar el proceso de conformación de la CC en febrero de 2019, cuando estuvo presidida por el juez Hernán Salgado.
La acción de protección admitida por Quimis no fue apelada por el Cpccs, señaló una fuente de la Corte Constitucional.
“Algo está pasando en términos políticos; el resultado de una veeduría no puede tener ningún tipo, ni consecuencia, ni peso jurídico sobre el proceso de selección de la Corte, que además es fruto del Cpccs Transitorio que tenía competencias especiales”, dijo Ávila, quien recordó que, en términos constitucionales, la Corte está “blindada”.
Él se refiere a que en mayo de 2019, la entonces CC (presidida por Hernán Salgado), por unanimidad, aprobó un dictamen que declaró que el Cpccs definitivo “no ostenta las competencias extraordinarias que el régimen de transición otorgó al Cpccs Transitorio, por lo tanto, no goza de autotutela para revisar las acciones tomadas y las competencias extraordinarias no pueden ser asumidas, homologadas, ni desconocidas por el Consejo de Participación definitivo”.
Para Ávila, un ejemplo de falta de respeto a la independencia de los jueces se marcó en 2004 durante el régimen de Lucio Gutiérrez, cuando pactó con el extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y destituyó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, lo que permitió, según Ávila, la venida a Ecuador del expresidente Abdalá Bucaram.
“Hay lecciones históricas de lo que se intenta fraguar ahora. Parece que eso es lo que se está orquestando. Están interponiendo actos políticos con fórmulas jurídicas arbitrarias”, expresó.
¿A quién benefician estas actuaciones? Ávila respondió que “acciones jurídicas de este tipo, tan aberrantes, sin peso jurídico alguno, se me ocurre que al único que le podría beneficiar es al correísmo”.
Él también sospecha que si Luisa González, candidata del correísmo, llega a ganar las elecciones presidenciales, podría darse “alguna acción de facto, pero que para ellos sería jurídica”.
Duda sobre la CC
Agustín Grijalva, otro exjuez de la CC, cuyas actuaciones también podrían ser observadas si se conforma la veeduría, sostiene que se está intentando marcar una duda sobre las actuaciones de la CC. “Hay sectores que quieren convertir a la Corte en un instrumento como era antes (…). El correísmo ha sido explícito en eso porque desconoce la legitimidad de la Corte y ha planteado sin pudor removerla; no sé con qué argumentos constitucionales”.
Grijalva cuestiona que en momentos en que el país enfrenta debilidad de las instituciones y problemas de seguridad, «¿a quién se le ocurre cuestionar a la institución que dice ha sido la más sólida y con clara muestra de independencia?»
“No es posible que se quiera atacar y cuestionar a la Corte, que incluso tiene reconocimiento internacional por la calidad de su jurisprudencia”, apuntó Grijalva.
Cree que esto es “gravísimo”, porque lo que se tendría que hacer es ir consolidando y fortaleciendo las instituciones y “no acabar con lo poco que tenemos”.
Fuentes de la Corte Constitucional en funciones advirtieron que la intencionalidad de crear la veeduría sería destituir a los jueces de la CC.
Presunto prevaricato
El jurista Ramio García consideró que, en lo procesal, la acción admitida por Quimis conlleva a la comisión de un presunto delito de prevaricato porque desconoce el dictamen de la CC de mayo de 2019.
Además, el juez no tenía competencia territorial respecto de un acto producido en Portoviejo.
García presentará este 4 de septiembre de 2023 una denuncia penal en contra del juez Quimis y alertó que si el Cpccs cumple el fallo se estaría arrogando funciones. Esto llevaría a los jueces de la CC a disponer la destitución de los consejeros del Cpccs.
Procuraduría apela
La Corte de Justicia de Manabí podría revertir el fallo de primera instancia de Leivir Quimis. La Procuraduría General del Estado apeló la resolución de Quimis argumentando falta de competencia porque la sede del Cpccs está en Quito.
La intención también sería que la Corte de Manabí declare un error inexcusable para que el caso sea conocido por el Consejo de la Judicatura, que podría iniciar un proceso disciplinario.
Israel Cedeño, delegado de la Procuraduría General en Manabí, pidió a la Fiscalía, como parte de las diligencias, que señale día y hora para que Leiver Quimis rinda versión. (SC)
Las consecuencias
En caso de que se llegue a conformar la veeduría, las consecuencias serían “desastrosas”, dijo Ramiro Ávila.
Si se evalúan las decisiones de la CC, todo lo actuado en los últimos cuatro años podría quedar anulado, empezando por las causales del juicio político a Guillermo Lasso, pronunciamientos sobre las consultas, etc.
“No me puedo imaginar todo el colapso y la catástrofe institucional en el Ecuador si es que acceden a una fórmula jurídica”, agregó Ávila.
Insistió que en este caso también existe un abuso de las acciones constitucionales para hacer activismo político, como ocurrió en el caso de Jorge Glas, en lugar de defender los derechos fundamentales.
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