Luego de que el Tribunal de Casación ratificara la sentencia, que ya se oficializó por escrito, contra los acusados por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016, la Policía Nacional debe estar a la espera de ser notificada para proceder a la ubicación y captura de los sentenciados.
Expertos constitucionalistas refieren que en el caso de personas que no han salido del país, y que están en calidad de prófugas, tendrán que ser detenidas para que puedan cumplir la condena de ocho años de cárcel que deben enfrentar los sentenciados.
La sentencia por escrito del Tribunal de Casación contra los acusados por cohecho ya fue oficializada. De ahí corren tres días para la ampliación y aclaración, una vez culminado este proceso, la Policía Nacional se convierte en uno de los primeros entes en actuar. Esto es, que procede a la ubicación y captura de los sentenciados.
De los 20 sentenciados que deja el proceso, cinco se encuentran en calidad de prófugos, doce en libertad, aunque no de todos se conoce su paradero exacto, una dentro de una embajada portando grillete electrónico y dos arrestados, uno en prisión domiciliaria y otro dentro de un centro penitenciario.
Entre los sentenciados que se encuentran prófugos, es decir, cuentan con una orden de detención vigente, figura el expresidente Rafael Correa, quien se encuentra en Bélgica. También el exministro de Turismo y exsecretario de su gobierno, Vinicio Alvarado, quien salió del país en junio del 2019, después de que la Policía allanara su vivienda en la ciudad de Guayaquil. Su paradero se cree que es Venezuela.
El exministro de Transporte y Obras Públicas Walter Solís también se encuentra en calidad de prófugo, está en Estados Unidos, donde tiene una visa de residente, y se desconoce la fecha de su salida de Ecuador.
Del total de sentenciados, dos se encuentran ya bajo arresto. El primero es el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple una condena de seis años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y ahora deberá cumplir la pena que recibió en el caso Sobornos. El segundo es el ex secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera, quien desde hace más de un año tiene arresto domiciliario en Guayaquil.
En cuanto a los otros trece sentenciados, que venían estando en libertad y se presume que sigan dentro del país, la dirección de migración deberá impedir su salida luego de recibir la orden.
En esta lista figura la asambleísta Viviana Bonilla, quien tras conocer la resolución publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que tildó al proceso como «un atropello a las garantías procesales» y una «farsa jurídica».
Se conoce que algunos estarían fuera del país como el exlegislador Christian Viteri, y desde el principio del proceso los empresarios Mateo Choi y William Phillips.
«Juicio express y sentencia express! Algún día se sabrán los detalles de este MONTAJE judicial hecho solo para sacar a Correa del camino», sentenció el exlegislador Viteri en su cuenta de Twitter.
Los empresarios Alberto Hidalgo, quien tras la resolución le fue negada la casación y deberá enfrentar la misma condena de ocho años junto con los también empresarios Víctor Fontana, Pedro Verduga, Teodoro Calle, Édgar Salas, Rafael Córdova y Ramiro Galarza y Bolívar Sánchez, han estado hasta el momento en libertad.
Diego Chimbo, abogado de Sánchez, emitió un comunicado tras conocer la resolución y dijo que procederá en derecho a solicitar la aclaración del fallo y la defensa a su cliente continuará. El abogado indicó que presentarán una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).
En tanto, la exministra María de los Ángeles Duarte, está desde el 12 de agosto en la residencia de la Embajada de Argentina, en Quito, en calidad de «huésped, por razones humanitarias”, su condición no es de prófuga por no venir acarreando una orden de detención preventiva anterior.
También están la exasesora de la Presidencia Pamela Martínez y su exasistente Laura Terán. Ambas se encuentran en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos y son las únicas sentenciadas que cumplirán una condena menor a la de los demás implicados. Martínez pasará 9 meses y 22 días en la cárcel y Terán, 3 meses y 6 días. (El Universo)
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