El robo de celulares durante la pandemia prendió las alertas entre los investigadores.
Los casos son reportados a diario en las oficinas de la Policía Judicial. Allí estuvo Vicente Cacuango para denunciar que el 25 de agosto, poco antes del mediodía, fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.
Asegura que uno de ellos lo amenazó con un cuchillo y le exigió que entregara el teléfono que llevaba en su mano. El hecho ocurrió en La Marín, un barrio céntrico de Quito.
En los expedientes judiciales también aparece el caso de Fausto Puetate. El pasado 12 de agosto le arrancharon su celular en Guamaní, un sector del sur capitalino. En la queja judicial consta que mientras él hablaba por teléfono, dos hombres en una moto lo interceptaron y uno de ellos se acercó, le quitó el equipo y huyó.
Del 16 de marzo al 23 de agosto, en el país se registraron 4 286 teléfonos robados, aunque desde enero hay más casos. En abril hubo una disminución, pero las cifras subieron desde mayo. Sin embargo, no llegan a los niveles de enero y febrero.
Agentes saben que durante los días más complicados de la emergencia, la principal forma de operar de estas bandas fue el arranche a los transeúntes. En los casos reportados se detecta que los asaltantes se movilizan especialmente en motos.
La Policía dice que esa modalidad se incrementó sobre todo al inicio de la crisis sanitaria, pues los arranchadores ya no podían actuar en los buses o en zonas de aglomeraciones, como lo hacían antes.
Las investigaciones policiales muestran que cuando las ciudades pasaron a los semáforos amarillo o verde, los robos volvieron a las paradas de buses, a las afuera de los bancos o exteriores de locales comerciales. También se registraron asaltos violentos con cuchillos y armas de fuego.
Por ejemplo, en la Fiscalía reposa la denuncia de Diego Macas. El 11 de agosto pasado fue asaltado en el sector de El Troje, en el sur de Quito. Dice que todo ocurrió mientras permanecía en una parada de bus.
Recuerda que dos personas se acercaron. Una de ellas le apuntó con una pistola para que entregara su celular.
Pichincha, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí concentran el 76% de denuncias por robos de esos equipos. Estos casos se presentan, pese a que en estos meses de crisis las autoridades desplegaron a policías y militares en las calles.
El 31 de julio, Fernanda Molina fue interceptada por dos hombres en una motocicleta. Uno de ellos se acercó a la mujer, la amenazó con un cuchillo y le arrebató el celular.
El robo ocurrió en San Roque y fue registrado por una cámara de videovigilancia. Ese mismo día, la víctima presentó la denuncia y pidió a la telefónica bloquear el aparato.
Agentes señalan que, tras perpetrar el delito, las bandas delictivas acuden a talleres clandestinos que se dedican a desbloquear los teléfonos.
Luego los activan con códigos nuevos y así logran venderlos en el mercado ilegal a la mitad de su valor original.
Este Diario revisó información de la Policía y conoció más casos. Por ejemplo, el 4 de mayo pasado, Mercy Muñoz fue víctima de robo en la calle Yaguachi, en el sector Itchimbía. Un desconocido que iba en una moto le arranchó el celular que tenía en la mano.
Luego la empujó y la impactó contra la vereda. “Todo ocurrió en cuestión de segundos”.
Solamente en Quito se desplegaron 6 000 agentes para investigar y frenar a las bandas que roban en medio de la crisis por el covid-19. Estas mismas acciones se replican en el país.
La idea es evitar que ocurran asaltos como el reportado el pasado 18 de julio en Guayaquil. Un hombre amenazó con un arma de fuego a Ana Morejón, mientras iba por una calle del suburbio de la urbe porteña. La mujer entregó su celular y el sospechoso huyó en una motocicleta. De inmediato alertó a la Policía Comunitaria, y tras una persecución los uniformados lo detuvieron.
Desde marzo hasta el 23 de agosto, los uniformados registraron 1 998 detenidos por robo a personas a escala nacional. Ese delito es penado con cárcel de hasta siete años (art. 189 del Código Integral Penal).
Durante un patrullaje, que se ejecutó el pasado 2 de julio, los gendarmes detuvieron a un hombre que, minutos antes, había asaltado con un arma de fuego a una mujer que caminaba por la avenida Casuarina, en el norte de Guayaquil.
El desconocido le arranchó el celular, pero ese mismo día fue procesado penalmente. (El Comercio)