Mariano Zambrano asegura que pedido de destitución de Contraloría está fuera de tiempo

El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, reaccionó a la ratificación de destitución, por parte de la Contraloría General del Estado, remitida al ministerio de Trabajo, para que se registre el impedimento de ejercer funciones públicas. Según indican la autoridad y su abogado, Roosevelt Cedeño, la destitución es nula porque fue hecha fuera de tiempo.

Incluso, el ministerio de Trabajo ya registra el impedimento de Zambrano para ocupar cargo público.

«He sido notificado con una resolución del consejo de la Contraloria General del Estado (…) donde se confirma una pretención de destitución (…) Esta resolución carece de elementos de derechos que la sustenten ya que no fueron considerados los elementos de descargo que legalmente presenté como medio de defensa», sostuvo.

Según Zambrano, la resolución está «excedida legalmente», ya que debió ser resuelta en 180 días y fue resuelta en mas de un año, luego de su caducidad. De su parte, el abogado Cedeño explicó que este acto es sujeto de impugnación. «De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloria General del Estado, en el Art. 48 que solo se ejecutan las resoluciones que estén ejecutoriadas y en Art. 49, que estas pueden impugnarse en los tribunales contenciosos administrativos», indicó.

Mediante oficio del 19 de octubre de 2018, la Contraloría ratificó la destitución de Zambrano tras realizar investigaciones por irregularidades en la firma de contratos. La primera notificación de destitución fue el 30 de julio de 2018.

El informe de Contraloría determinó unas 13 irregularidades en la contratación, ejecución y fiscalización de obras públicas en el sector de la Manga del Cura, y estableció sanciones de destitución contra Zambrano y otros 10 funcionarios de la Prefectura.

Además, estableció glosas por $2,2 millones y otra sanción por $167.433.

Las sanciones fijadas contra Zambrano y los otros funcionarios se dan tras aprobar un informe, el 27 de julio de 2018, cuyo examen abarca al período entre el 1 de agosto de 2014 y el 30 de noviembre de 2017. Según el contralor general subrogante Pablo Celi, se trata del primer informe de una serie de 15.