El aborto por violación fue despenalizado el pasado 28 de abril, posterior a esto la defensoría del pueblo entregó a la asamblea nacional el proyecto de ley que garantiza el acceso a la interrupción legal voluntaria del embarazo a niñas, adolescentes, y mujeres y personas con capacidad de gestar que han sido víctimas de agresión sexual…. El tema aún hace eco entre los ciudadanos debido a las cifras de niñas que son violadas en nuestro país
3.156 niñas violadas (de entre 10 y 14 años) se convirtieron en madres en el Ecuador desde 2020 a la fecha.
La cifra alarma a los ciudadanos, quienes ven en la ley de aborto por violación una oportunidad para que estas niñas continúen con su vida, a pesar del trauma que representa pasar por esa agresión.
En nuestro recorrido por las calles del norte de la capital, cuatro de cada cinco personas consultadas están de acuerdo con esta ley, pero las opiniones en contra persisten. La razón es “el respeto a la vida”, así lo menciona José de 35 años “Nadie tiene derecho a quitar una vida, debe ser traumático pero tienen que aprender a vivir con eso”, argumentó el ciudadano.
En Ecuador las mujeres que decidían abortar después de una agresión sexual eran criminalízalas o sometidas a penas entre 6 meses y dos años de prisión si no querían concebir al hijo de su violador, para la abogada y docente Johana Romero, quien formó parte de la elaboración de este documento, la ley abre la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir su embarazo en este caso legalmente sin poner en riesgo sus vidas en la clandestinidad. “Hay organizaciones internacionales que han catalogado esto como in crimen, es un crimen que alguien obligue a parir a una niña de 10 años”, enfatizó Romero.
Por otra parte, Virginia Gómez, quien impulsa esta causa desde sus inicios resalta que los colectivos cuidarán que se aplique en todo el país, impidiendo que existan casos como el de una niña de 11 años en Manabí quien tuvo en bebé víctima de incesto. “ El tema cobró fuerza, no por la naturaleza del crimen, empezó a sonar porque necesitaban dinero para por lo menos darle un baño digno a esa niña que había huido de su casa y ahora se refugiaba donde su hermana mayor que vivía en la extrema pobreza”, detalló Gómez agregando que como este existen muchos casos más ubicados en las zonas rurales del país.
La defensoría del pueblo es la encargada de elaborar el reglamento que determina los parámetros en los que se ejecutará la ley, entre los puntos más controversiales se encuentra el tiempo de gestación del feto, y la objeción de conciencia de los médicos
El ginecólogo Daniel Moya destaca dentro de este análisis que uno de los factores para interrumpir el embarazo en menores de 14 años es que su cuerpo aún no está preparado para esto “biológicamente las mujeres están listas para concebir a los 23 años, antes de esta edad y mucho más si es menor de 14 años, se debería considerar la salud de la niña y del feto, menciona Moya.
Añade que más allá de los debates éticos que los médicos se pueden negar a practicar un aborto por temas legales “ tiene derechos la niña, el feto, pero los médicos también tenemos derechos… si es peligroso y la persona puede morir. Deberíamos enfrentar problemas legales serios como profesionales”.
Sobre esto la defensora del Pueblo Zaida Rovira fue clara, enfatizando en que se priorizará el hecho sobre los procesos legales que en muchos casos llegan a durar varios meses, considera que deben dejarse de lado los pensamientos misóginos que mantiene la sociedad “ debemos dejar de re victimizar a las mujeres que sufren estas agresiones”, enfatizó la Rovira.
Por esto Virginia Gómez resalta que la lucha se refleja en la conciencia ciudadana que cada vez es mayor, y confía en que el legislativo de valor a la ley que aseguró ya es un hecho “ no deben hablar de si se puede o no abortar en casos de violación, porque eso ya no está en discusión, lo que deben hacer es que esta ley se aplique de forma óptima. Y confió en que serán parte activa de esta lucha”, finalizó Gómez.
Por disposición de la corte constitucional, la asamblea tiene seis meses de plazo, contados a partir de que fue entregado por la defensoría, para conocer y discutir este proyecto, es decir hasta diciembre de este año. El legislativo no analizará la despenalización del aborto porque ese derecho fue ratificado por la corte constitucional,,, y calificado como histórico por los movimientos a favor de los derechos de las mujeres, pese a que consideran aún resta mucho por hacer para eliminar la violencia de genero.