La Contraloría General del Estado sumó otro informe sobre el prefecto de Manabí, Mariano Zambrano.
En esta ocasión se trata de un examen especial que determinó que la empresa Marzam Cía. Ltda. (cuyo accionista es el funcionario) estaba inhabilitada para contratar con la estatal EP Petroecuador.
Según el estudio, entre el 3 de enero del 2011 y 31 de agosto del 2017 ambas partes suscribieron seis contratos y una renovación.
El ente de control concluyó en el examen especial DNA6-0055-2018 que no se realizó un análisis de las personas naturales o jurídicas que pueden celebrar contratos con el Estado. Los contratos fueron destinados para el servicio de transporte marítimo de hidrocarburos por 26’474.453 (más IVA).
En ellos se comprobó, con base a la información proporcionada por la Superintendencia de Compañías, que Zambrano es accionista de Marzam y de la naviera Marnizam desde el 2011.
También es propietario su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera. Aunque Marzam fue calificada por la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador en 2001 para prestar servicios marítimos, las autoridades de la estatal petrolera, como subgerentes comerciales, gerentes de asesoría jurídica y procuradores en esos años, no verificaron si dicho oferente estaba habilitado para celebrar contratos con el Estado.
Incluso, los funcionarios implicados en esos años reconocieron -según reza en el informe- que Marzam “cumplió aspectos legales, técnicos y económicos requeridos”.
Durante el examen, los funcionarios de Petroecuador de ese entonces indicaron a la Contraloría que el Prefecto no suscribió ni como persona natural ni como representante legal, los contratos con la estatal.
Asimismo, el representante legal de Marzam en contestación al ente de control, indicó que el Prefecto, al ser accionista, no tuvo inhabilidad para contratar con Petroecuador, ya que según él, la normativa interna de la estatal establece que únicamente están prohibidos los socios, accionistas y funcionarios de la empresa pública.
Zambrano, en una de sus explicaciones a la Contraloría del 6 de junio del 2018, aclaró que en la época en la que tuvo vinculación con la empresa, esta “nunca estuvo inhabilitada para contratar con el Estado”.
Pero, la Contraloría determinó que ese criterio no cambia las conclusiones de la auditoría, ya que Zambrano no consideró las inhabilidades contempladas en la normativa para ser proveedor de Petroecuador.
Este medio pidió una respuesta a Petroecuador y a Marzam, sin embargo hasta el cierre de esta edición no tuvo una contestación. Lo mismo pasó con el Prefecto y con su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera.
Irregularidades en el despacho de hidrocarburos
En las auditorías también se analizaron los despachos de hidrocarburos realizados entre Petroecuador y la empresa Marzam por $ 10,2 millones, pero los mismos se hicieron en periodo no autorizado.
En abril de 2014, Pedro Merizalde, entonces ministro de Recursos Naturales no Renovables, extinguió la autorización para el ejercicio de actividades de comercialización de combustibles con la empresa Marzam, debido a que venció el tiempo de su autorización y la compañía incumplió el procedimiento y plazo previsto para su renovación.
Sin embargo, con el acuerdo ministerial del 15 de mayo del 2014, una vez revisados los requisitos, se autorizó otra vez a la empresa Marzam para la comercialización de combustible.
Contraloría detectó que entre el 1 de abril y el 15 de mayo de 2014, la empresa no contaba con el permiso para comercializar, sin embargo, Petroecuador registró en el Sistema de Teleproceso PCO8, 65 despachos de combustible por $ 1’201.130.
La responsabilidad recayó en el subgerente de Mercadeo y Servicio al Cliente que no actualizó la base de datos de los clientes en el sistema PC08 con la suspensión de los despachos de hidrocarburos emitida por el Ministerio en contra de la empresa de Zambrano.
Se determinó también que, desde febrero del 2016 hasta la fecha del corte del examen especial (agosto del 2017), Marzam suscribió 15 convenios de compensación por un monto de $ 10’222.407 para cubrir deudas existentes. Sin embargo, en 12 de ellos, no se incluyeron los valores correspondientes a los intereses por mora de las obligaciones contraídas con la empresa pública por $ 121.260. (El Telégrafo)
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