La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) aprobó una subvención de 150 mil euros, destinados a fortalecer la gestión que cumple el Consejo de la Judicatura (CJ), para atender a las víctimas de violencia sexual.
Este jueves 20 de agosto de 2020, a través de un acto protocolario, la Presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado Sánchez, y el Coordinador General en Funciones de la Cooperación Española en Ecuador, Rafael Ruipérez Palmero, formalizaron la entrega de la mencionada subvención.
Durante su intervención, la doctora Maldonado indicó que con la ayuda se pondrá en marcha el proyecto “Disminución de la impunidad y revictimización en la investigación y sanción judicial de casos de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en Ecuador”.
La AECID consideró que el proyecto tendrá un alto impacto y permitirá garantizar los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales. Además, valoró favorablemente los ejes integrales de la propuesta que consisten en la dotación de herramientas prácticas de justicia especializada con enfoque de género y en el equipamiento de Cámaras de Gesell, para la adecuada recepción del testimonio anticipado de las víctimas.
La doctora Maldonado señaló que uno de los objetivos es disminuir la revictimización y victimización secundaria que sufren, en el sistema de justicia, las personas que vivieron violencia sexual.
La Presidenta del CJ indicó, que en la Función Judicial el 30 % de las causas ingresadas por delitos sexuales termina con sentencia y el resto con otras formas distintas a fallos condenatorios. “Esto refleja altos niveles de impunidad, atribuida, en gran parte, a la falta de instrumentos técnicos especializados para evitar retardos y demoras procesales en el impulso de la investigación”, explicó.
Además, mencionó que, en 2019, UNICEF Ecuador realizó una investigación sobre cómo las niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual, rinden su testimonio anticipado y encontró que llegan a contar hasta nueve veces su relato en el sistema de justicia. “Si a esto se suma lo que deben contar a las personas de su entorno, sin duda, hablamos de una cruel revictimización”, indicó.
La Presidenta del CJ señaló que para solucionar esta problemática se implementó el Protocolo de Entrevista Forense Mediante Escucha Especializada a Niñas, Niños y Adolescentes, víctimas de Violencia Sexual, que contribuye a reducir los niveles de impunidad y la revictimización.
En esta línea, indicó que pese a los recurrentes recortes presupuestarios, el CJ trabaja en la readecuación de 64 unidades judiciales a nivel nacional, de las cuales se han intervenido 32, con un modelo de atención que evita la revictimización y que se enfoca en las necesidades de las víctimas.
“Hemos cubierto el 65 % de la población ecuatoriana con justicia especializada. Tenemos 37 Unidades Judiciales distribuidas en 23 provincias del país, con 112 jueces y sus respectivos equipos jurisdiccionales y técnicos. Son, en total, 807 servidores que atienden en las unidades contra la violencia. Ahora es necesario dotar de herramientas de justicia especializada”, indicó.
De su parte, el coordinador de la AECID, Rafael Ruipérez Palmero, destacó las acciones desarrolladas por el CJ para hacer efectiva la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, pese a la falta de recursos. “Para nosotros es un honor y un orgullo poder participar aunque sea modestamente, pero consideramos muy importante aportar con el Consejo de la Judicatura en ese empeño para avanzar en la lucha contra la violencia de género y concretamente en la reducción de la impunidad”, indicó.
La Directora Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del CJ, Solanda Goyes, en tanto señaló que con el aporte de la AECID, el CJ dará otro paso importante en la lucha para erradicar la violencia. Aseguró que uno de los objetivos es lograr que las unidades judiciales funcionen con base en los estándares internacionales, la Constitución de la República y las leyes vigentes en el país.
El Consejo de la Judicatura ha asumido el compromiso por una vida libre de violencia. A través de su cuarto eje de acción, fortalece los mecanismos de investigación y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. (Boletín)
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