Un oficio de dos hojas dirigido a Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), puso fin al mandato de Pablo Celi en la Contraloría General del Estado.
Ahora la discusión se centra en quién debería ser su reemplazo hasta que el CPCCS nombre, luego del concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana, un nuevo Contralor que iniciará sus funciones en marzo de 2022.
Un concurso en ciernes
Este sería el paso definitivo que pondría fin a los problemas de representación que afronta la Contraloría. El ente nominador es el CPCCS.
La presidenta del CPCCS mencionó que el reglamento para el concurso está listo, pero que debe recibir aportes ciudadanos antes de su aprobación por los consejeros del CPCCS.
Este proceso demoraría alrededor de 8 meses y requiere un presupuesto de alrededor de $400.000 que ya fueron pedidos al Ministerio de Finanzas.
El encargo, una figura no contemplada
Para el constitucionalista Ismael Quintana, la figura del encargo ante la ausencia del Contralor y Subcontralor es “inconstitucional”. La razón: esta figura no consta en la Constitución ni en la Ley Orgánica de la Contraloría.
Sostiene que la única alternativa para nombrar un Contralor es a través del “concurso“. Agrega que en ese sentido ya hay un pronunciamiento de Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, quien indicó que la “figura del encargo no es posible”. Además, llegó a plantear una “salida política” para solventar este vacío legal.
Para Almeida, esta designación no procede puesto que Celi no tenía la potestad para nombrarlo desde la cárcel. Agregó que tampoco lo podía hacer el Director de Gestión Institucional. “En este momento la Contraloría está en acefalía“, dijo.
Un exhorto que toma tiempo
El CPCCS exhortó a la Asamblea para que interprete el artículo 33 de la Ley de la Contraloría. Ahí se dictamina que el Subcontralor General del Estado será designado por el Contralor General. Lo subrogará en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular.
Al interior del legislativo ven como viable que esto suceda, pero los legisladores advierten que no será un proceso que se haga de un día para otro.
Esta interpretación puede ser presentada por cualquiera de los 137 asambleístas. Luego debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y posteriormente designado a una Comisión.
Ya en la Comisión se elaborará el informe para el primer debate y luego se acogen las observaciones para el segundo debate definitivo. Si se aprueba será publicado en el Registro Oficial. Caso contrario será archivado.
Todos estos pasos tomarán, en el mejor de los casos, al menos 60 días, por lo que durante ese tiempo las autoridades deberán ver que solución plantean a la problemática de la Contraloría. (AS/La Hora)
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