Dejar de recibir el tratamiento es el inicio de tortuosos dolores martillando en sus articulaciones. Sebastián, de 60 años, padece espondilitis anquilosante, una artritis crónica que lesiona su columna.
Es una enfermedad degenerativa y solo una terapia con infliximab, cada dos meses, le ayuda de tener una vida llevadera. “Necesito cinco ampollas, de lo contrario el dolor ni siquiera me permite caminar”.
Cada ampolla está valorada en USD 600, pero como jubilado acude por el fármaco al Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del IESS en Guayaquil. Allí, el desabastecimiento ha interrumpido su terapia. “Pagamos las consecuencias de la corrupción y solo nos dicen: no hay, no han comprado… Y la enfermedad avanza”.
Guayaquil apenas se recuperaba del golpe inicial de la pandemia de covid-19 cuando se destapó una red de corrupción en hospitales públicos y del IESS. Era junio de 2020, y en un solo día la Fiscalía y la Policía coordinaron 48 allanamientos en Guayas y Pichincha.
El modus operandi, según informó la Fiscalía, consistía en la presunta adquisición de insumos médicos y fármacos con sobreprecio, y en el tráfico de influencias para dar contratos a cambio de retribuciones.
En mayo, la entidad creó una fuerza de tarea multidisciplinaria para estas investigaciones y solo en 2020 registró cerca de 160 denuncias. Las principales apuntaron a los hospitales Abel Gilbert Pontón, Guasmo y Monte Sinaí del Ministerio de Salud Pública, en Guayaquil, y se extendieron al Teodoro Maldonado, Los Ceibos y Durán del Seguro Social.
Algunas siguen en indagación previa y otros procesos pasaron a la fase de instrucción fiscal. El fiscal César Suárez lleva cuatro casos avanzados, dos de ellos en el Teodoro Maldonado por sobreprecios y tráfico de influencias en la compra de prótesis e insumos.
“En algunos casos también se investiga mal procedimiento, porque se habilitaba a proveedores que no reunían la experiencia técnica y presentaban certificaciones falsas”. Es una práctica detectada en la compra de prótesis de rodilla, adquiridas en USD 20 000 aunque otro hospital del IESS las adquirió por USD 6 500.
Otra compra incluyó cientos de litros de alcohol que ya caducaron en las bodegas. Algo similar sucedió en el Hospital de Infectología del MSP, con un pedido por USD 350 000 de alcohol y alcohol gel, que nunca llegó por completo.
La investigación más reciente se abrió hace una semana, por la adquisición de equipos electrónicos en Los Ceibos del IESS y que se habría gestionado bajo tráfico de influencias.
Esta unidad médica fue el epicentro de las denuncias durante la oleada mortal del virus. A inicios de mayo de 2020, se detectó la compra de 4 000 bolsas para cadáveres, el precio regular no pasaba de USD 12 y en la negociación se planificó por USD 148 cada una.
El estado de excepción abrió la posibilidad de realizar compras por emergencia, que dieron paso a las irregularidades. Entre las primeras adquisiciones fraudulentas en medio de la pandemia apareció una por USD 10 millones, también en el Teodoro Maldonado, de mascarillas N95. Fueron valoradas en USD 12, un monto tres veces mayor al precio del mercado.
Es el mismo hospital donde Víctor no encuentra fármacos para su terapia del dolor. La pandemia interrumpió sus chequeos regulares y lo que parecía un problema de próstata evolucionó rápidamente en un cáncer terminal.
“El Seguro solo nos da una inyección, pero no es suficiente, porque los dolores son continuos. Tampoco lo ha visto un oncólogo; recién nos dieron cita para octubre”, cuenta la hija del jubilado de 74 años.
La Comisión Nacional Anticorrupción ha denunciado estas irregularidades desde 2019. Su coordinador, Germán Rodas, los califica como “grupos delincuenciales” de proveedores con empresas fantasmas y funcionarios de los hospitales.
“Esto se debe cortar de raíz. Para empezar, el Servicio de Contratación Pública debe hacer un listado y advertir la falta de probidad de los proveedores investigados, porque como los juicios no avanzan siguen contratando. Y se requiere una auditoría de la estructura administrativa de los hospitales, para separar a los corruptos”.
Ricardo Ramírez es coordinador en Guayas de la Comisión y sigue de cerca lo que ocurre en el Teodoro Maldonado. Dice que hay 100 funcionarios investigados -40 por denuncias durante la pandemia-. Pese a las medidas sustitutivas siguen recibiendo sueldos.
Ramírez cuenta el caso de una enfermera bajo arresto domiciliario y en teletrabajo, a quien incluso le llevan gasas para que haga paquetes en su vivienda. “Es solo una muestra de cómo se adecúan las cosas para que los corruptos sigan en sus puestos (…). Lo importante es que la Fiscalía acelere la determinación de responsabilidades para empezar los juicios y recuperar parte de los USD 70 000 millones que la corrupción le ha arrebatado al país, como dijo el presidente Lasso”.
Las denuncias siguen acumulándose y entre las más recientes está la compra de 1 000 equipos para endoscopios nasales. Su valor individual no pasa de USD 3 500, pero aquí los adquirieron a USD 13 000.
Mientras siguen las compras en exceso, Sebastián se queja de la falta de insumos básicos, como el suero para diluir las ampollas que atenúan sus dolores. Tampoco hay calcio ni otros analgésicos básicos. (El Comercio)