El Gobierno de Panamá decidió retirar a su embajador en Venezuela, Miguel Mejía, y pidió a Caracas hacer lo mismo con su representante diplomático en el país, Jorge Durán, en respuesta a la «represalia» venezolana de suspender las relaciones económicas con altos funcionarios y empresas panameñas.
«Las autoridades panameñas evalúan el impacto de dichas medidas en el ámbito económico y comercial, a fin de identificar otras posibles futuras acciones», agregó la Cancillería panameña en un comunicado.
La decisión se da después de que este mismo jueves el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suspendió por 90 días prorrogables las relaciones económicas con un grupo de funcionarios panameños, incluyendo al presidente, Juan Carlos Varela, y a la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo, así como con 46 empresas del país centroamericano.
«Tras analizar las medidas de Venezuela, el Gobierno panameño considera que se trata de una reacción política que carece de sustento, y se adopta fuera del marco jurídico internacional, adoptadas en represalia a las acciones anunciadas por Panamá», indicó el Gobierno de Varela.
Panamá publicó la semana pasada una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos, entre ellos Maduro, y 16 empresas, que pueden suponer un «alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
La resolución que contiene la lista, emitida por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, indica que «se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada».
Ello, frente a cualquier «hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar» que se sospeche puedan estar relacionadas «directa o indirectamente» con las personas naturales y jurídicas incluidas en la lista.
Al respecto, la Cancillería panameña sostuvo este jueves que publicó la lista para sumarse «a los esfuerzos de otros países, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, de proteger los sistemas financieros internacionales, defender la democracia y los derechos humanos».
El Gobierno venezolano dijo este jueves que suspendía las relaciones comerciales con los altos funcionarios panameños y varias empresas del país centroamericano, entre ellas la aerolínea Copa, por «el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público».
Venezuela ordena «la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera con los sujetos nacionales de la República de Panamá (indicados en una lista) sobre la base del principio de precaución y como medida de protección» de su sistema financiero, económico y comercial.
El Gobierno venezolano explicó que presume que se han cometido «delitos de delincuencia organizada, al amparo de lo que pareciera ser la conveniencia del gobierno panameño y la opacidad de su sistema financiero, y con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país».
Panamá es uno de los doce países latinoamericanos que conforman el denominado Grupo de Lima, que no reconoce la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y que rechaza la convocatoria anticipada de elecciones presidenciales.
La plataforma financiera panameña ha sido blanco de críticas por entes internacional, lo que ha llevado a la aprobación en los últimos años de leyes para combatir más férreamente el blanqueo, suprimir las acciones al portador y endurecer la regulación para los sectores no financieros como el inmobiliario, los servicios legales, los casinos y las casas de cambio. EFE