Entre el 7 y el 16 de mayo, la Fiscalía recibirá 13 versiones en la instrucciónfiscal que investiga presunto peculado en el caso Singue.
La investigación inició a raíz de un informe de Contraloría de agosto de 2017 que determinó presuntas irregularidades tras analizar la adjudicación del campo Singue al consorcio Dygoil.
La formulación de cargos se cumplió el pasado 13 de marzo en contra de 10 sospechosos, entre ellos, el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado a seis años de cárcel por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht.
También hubo cargos para Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Petroecuador y exministro de Hidrocarburos, condenado por corrupción en Petroecuador. Ambos están detenidos en Latacunga. Además, hay ocho exfuncionarios investigados.
La agenda de versiones inicia mañana martes a las 09:00 con el testimonio de Pedro Merizalde, exgerente de Petroecuador. El viernes fueron citados Diego Sánchez y Salomón Morán a las 15:00 y 16:00, respectivamente.
En la siguiente semana se recibirán 10 versiones. El lunes 13 fueron convocados Marco Rivadeneira, Renán Ruiz, Benito Cabrera y Dalton Muñoz desde las 08:00 hasta las 11:00. Los testimonios seguirán el martes 14 con Patricio Machado desde Houston, a las 09:00, y las ampliaciones de las versiones de Diana Ontaneda y Jorge Iglesias, a las 11:00 y 15:00, respectivamente.
Entre el miércoles y jueves fueron llamados Luis Guerra, Carlos Arellano y Mery Villarroel, auditora de Sectores Estratégicos de la Contraloría.
El último impulso fiscal dispone varias diligencias, peritajes y pedidos de información.
Una de ellas es la que tendrá que cumplir una perita designada para analizar las fases precontractual, contractual y de ejecución que refiere el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal.
El objetivo es conocer si en el proceso de licitación y en el contrato de prestación de servicios del bloque Singue se incumplieron o inobservaron normas legales o reglamentarias vigentes en el país, en el periodo que la Contraloría hizo su análisis.
Según los auditores, la tarifa de $ 33,5 por barril (en favor de Dygoil) habría sido fijada sin sustento técnico, ni legal. En la formulación de cargos, la exfiscal (e) Ruth Palacios señaló que la Contraloría estableció $ 5,2 millones de perjuicio para el Estado.
Una pericia contable de la Fiscalía calculó en $ 28,4 millones la supuesta afectación. La instrucción durará 90 días. La próxima semana se cumplen dos meses. (Expreso)