El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, informó este lunes que enviará el próximo viernes 18 de mayo a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación, que entre otros elementos plantea la supresión de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).
“El eje fundamental de esa reforma es el de la libertad de pensamiento y de expresión, absolutamente enmarcadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos que han sido ratificados ya por el Estado ecuatoriano”, señaló en su espacio ‘El Presidente Informa’.
Según detalló, se plantea también una optimización del sistema de comunicación y dijo que se va a distinguir los medios públicos, de los privados, y comunitarios o ciudadanos.
“Estos tres sectores tendrán plena garantía de interactuar en la generación, difusión y recepción de información, con regulaciones claras que les permitan el ejercicio del derecho a la comunicación”, aseveró.
Expuso que tras el proceso de diálogo y luego de las observaciones, cuestionamientos y planteamientos presentados por medios comunitarios y privados, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, sobre la actuación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom, a la que este proyecto “suprime definitivamente”
“La libertad de expresión es un derecho que no debe ser objeto, ni de control ni de vigilancia, sino de protección por parte del Estado”, aseveró.
El mandatario indicó que dicha legislación (2013), fruto de una consulta popular en 2011, tiene aspectos “fundamentales y necesarios para nuestra sociedad”, pero también otros que “definitivamente, deben ser reformados y en otros casos eliminados”.
Entre los elementos que resaltó están la protección de niñas, niños y adolescentes, el fomento intercultural y plurinacional, la protección de las comunicaciones personales, los derechos de los comunicadores como la cláusula de conciencia, la reserva de la fuente, el secreto profesional y los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación.
Dijo que el ciudadano o colectivo afectados podrán acudir ante un juez en la búsqueda de protección y reparación de sus derechos. “Como toda actividad humana, la comunicación debe respetar los demás derechos y, ante una transgresión en el ejercicio de esa comunicación, se deberá responder ante la justicia constitucional y la ordinaria, civil o penal”, añadió.
Precisó que otra de las preocupaciones que motivó la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación es la necesidad del fomento a los medios de comunicación medianos y pequeños, por lo cual la actual Secretaría Nacional de Comunicación ha puesto en marcha planes para que la información llegue sin intermediarios a todos los medios.
En cuanto a los medios incautados, afirmó que las auditorías realizadas por la Contraloría General del Estado y los análisis durante su gobierno revelan que la gestión y administración de los medios incautados -en el gobierno anterior- fueron totalmente deficientes.
Afirmó que una decisión importante es “vender los paquetes accionarios de esos medios, garantizando que los intereses del país, por supuesto, se vean protegidos”.
Dijo que ello responde al clamor ciudadano que se ha manifestado en el sentido de que estos medios no pueden seguir en manos del Estado porque, además, fueron un instrumento de confrontación y ataque a la ciudadanía crítica. “Salimos de un Estado de propaganda a un Estado de comunicación bidireccional, de diálogo, a un Estado democrático”, aseveró.