Rafael Correa aseguró que evalúa pedir asilo en Bélgica, donde reside desde junio de 2017, si en algún momento la Justicia ecuatoriana dicta prisión preventiva en su contra y lo obliga a regresar al país.
El expresidente de Ecuador fue vinculado este lunes al supuesto secuestro del exlegislador opositor Fernando Balda, ocurrido en Bogotá en 2012. Y, en el marco de esa investigación, la jueza de garantías penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador, Daniella Camacho, resolvió que deberá presentarse cada quince días, a partir del 2 de julio, ante el tribunal ecuatoriano.
«Me pusieron una condición imposible de cumplir y usarán que incumplí la medida cautelar y entonces me pondrán la prisión preventiva», denunció el máximo mandatario entre 2007 y 2017, en una conferencia brindada en una universidad de Madrid.
«Obviamente quieren que vaya allá para no dejarme salir. Me quieren preso o fuera del país, pero inmovilizado. Lo lograrán, de forma temporal, pero todo es cuestión de tiempo. Al final venceremos», agregó Correa, que confió que la solicitud de asilo «es una de las alternativas» que estudia, «aunque todavía no es definitivo».
Sobre la vinculación con el presunto secuestro, denunció una campaña en su contra, con el objetivo de «quebrarlo» social, económica y familiarmente: «Se me ha acusado de corrupción, de crimen organizado, de tráfico de influencias, de sobreendeudamiento, por cierto, delito que no existe en Ecuador. Les falló todo eso y ahora sacan un caso de secuestro».
En otro tramo de la exposición, acusó a la Fiscalía de falsificar pruebas. «Están forjando pruebas para tratar de incriminarme porque no tenían absolutamente nada», afirmó Correa, para quien el secuestro de Bala ya se juzgó en Colombia y por lo tanto «no se puede juzgar en dos sitios».
«Y además se hizo bajo la tipificación de secuestro simple, que en 2012 no estaba penado en Ecuador, y de haberlo estado ya estaría prescrito», añadió un día después de pronunciarse en Twitter.
En el caso Balda se investiga el intento de secuestro del exlegislador, que denunció haber sido forzosamente introducido en un vehículo por cinco personas, aunque la policía colombiana lo interceptó y frustró su captura.
El fiscal general ecuatoriano presentó indicios de la presunta participación de Correa en la orden para el frustrado secuestro de Balda, entre ellos cartas de altos mandos al expresidente y dos depósitos de poco más de 20.000 dólares para la operación de captura.
Por este caso se enjuició a dos personas en Colombia.