El presidente peruano Martín Vizcarra anunció el sábado 28 de julio de 2018 un referéndum para «legitimar» su ambiciosa reforma judicial. Aquello tras el escándalo de los audios de jueces, que planteará además prohibir la reelección de legisladores y restituir la «bicameralidad» en el Congreso.
La reforma contempla cambios en la Constitución para crear un ente de control del Poder Judicial, la creación de una fiscalía anticorrupción, mayor transparencia en los fallos de los tribunales y sanciones para jueces y abogados corruptos, entre otras medidas.
«Se va a abrir un proceso de referéndum para la reforma judicial», dijo Vizcarra, quien reaccionó enérgicamente al escándalo de los jueces, cuatro meses después de asumir el poder en medio de una crisis política que condujo a la renuncia de su antecesor Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), agobiado por denuncias de corrupción.
«El sistema de administración de justicia ha colapsado y, como saben, este problema no es de hoy, es estructural», añadió Vizcarra en su primer mensaje al país en el Congreso por el día de la Independencia.
La congresista Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, el mayor partido de oposición que lidera Keiko Fujimori, dijo que Vizcarra «no fue preciso, porque un referéndum solo es viable si existe una ley previa sobre el tema a consultar, de acuerdo a la normativa constitucional».
En tanto, Jorge Del Castillo, congresista del opositor Partido Aprista, dijo estar «de acuerdo con el referéndum y con que no haya reelección de legisladores».
El poder judicial peruano está sumido desde el 8 de julio en un escándalo tras la difusión de audios de jueces que negociaban sentencias y traficaban influencias, aunque según expertos el flagelo de la corrupción «atraviesa» todo el Estado.
Por ello, el referéndum planteará también temas ajenos al judicial, como prohibir la reelección de legisladores y restablecer la «bicameralidad» en el Congreso peruano, eliminada en 1993 bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Punto de quiebre
«Esta crisis ha llegado a un punto de quiebre. He decidido liderar un cambio tan esperado por todos los peruanos y peruanas», dijo Vizcarra.
«Si no se hubiesen revelado los audios, todo continuaría igual», agregó el presidente, destacando la labor de la prensa.
El escándalo ha crecido con la divulgación de nuevas grabaciones, que ahora alcanzaron al fútbol local, tras conocerse una conversación telefónica en la que el exseleccionado Teófilo Cubillas pide ayuda a un cuestionado juez de la Corte Suprema para un prófugo condenado a 16 años de prisión.
La difusión de los audios causó la renuncia del jefe de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, hace una semana.
También le costó el puesto a Orlando Velásquez, el flamante jefe del Consejo de la Magistratura, órgano que designa a jueces y fiscales, así como al ministro de Justicia, Salvador Heresi, quien debía impulsar la reforma judicial de Vizcarra.
Los dardos ahora apuntan al fiscal general, Pedro Gonzalo Chávarry, al divulgarse una comprometedora conversación con un cuestionado juez, pero ha rechazado dar un paso al costado.
«Los audios difundidos del nuevo fiscal de la nación constituyen ejemplo de la crisis y de la necesidad de cambios», expresó Vizcarra en su mensaje.
Este escándalo es un «déjà vu» de la historia peruana reciente, pues la difusión de audios o videos provocaron la caída del presidente Alberto Fujimori en el año 2000, la renuncia de Kuczynski en marzo último y la suspensión el mes pasado del popular legislador Kenji Fujimori.
«Lo que estamos viviendo en este momento es más bien la existencia de un sistema operativo de corrupción que atraviesa el Estado», dijo a la AFP el abogado José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional.
«Incentivar la probidad»
La propuesta de reforma judicial fue elaborada por la comisión encabezada por el excanciller Allan Wagner.
Contempla la creación de una «autoridad nacional de integridad y control» del Poder Judicial y la fiscalía, dijo Vizcarra, quien entregó al Congreso este sábado seis proyectos de ley sobre el tema, pero que no implican cambios constitucionales.
La reforma también contempla cambios en los procedimientos y políticas de transparencia en los tribunales, además de sanciones para «incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía», indicó el mandatario.
Sin embargo, hay dudas de que Vizcarra pueda llevar a buen puerto su ambiciosa reforma, pues carece de base de apoyo en el Congreso, dominado por el partido opositor de Keiko Fujimori, que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski durante sus 20 meses de gobierno.
«Lo veo con dificultad (…), ojalá que haya un cambio de actitud porque necesitamos al Congreso para hacer las reformas», dijo la vicepresidenta Mercedes Aráoz el jueves.
Vestidos de negro y cargando ataúdes en señal de duelo, miles de peruanos marcharon el viernes en varias ciudades para expresar su indignación por el escándalo de los audios.