Héctor Zambrano, hermano del viceprefecto de Esmeradas y su esposa, la abogada Gabriela Echeverría fueron asesinados a balazos en su finca de Portoviejo, Manabí. La pareja reportada como desaparecida desde el 8 de agosto, fue hallada enterrada dentro del lugar. Hasta el momento, el capataz y otras dos personas están detenidas.
Los familiares reportaron su desaparición ya que la pareja debía acudir a una reunión familiar y nunca llegaron. De hecho, el pasado 16 de agosto, una amiga de Gabriela recibió un mensaje de texto indicando que Hector y ella no iban a poder asistir. Desde ese momento, se realizó una intensa búsqueda para localizarlos.
Cuando allegados a las víctimas llegaron a la finca, ubicada en el sector San Plácido, se encontraron con irregularidades, por lo que dieron aviso a las autoridades para comenzar nuevas investigaciones.
El tío político de Gabriela indicó que en una visita a la propiedad, algunos familiares se encontraron con el capataz de la hacienda manejando la camioneta de Héctor Zambrano y esto aumentó las sospechas.
Ante eso, la Policía Nacional realizó entrevistas al empleado del lugar quien dijo a los Agentes de la Unidad Antisecuestros y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) que la pareja había sido secuestrada y que supuestamente había sido llevada con dirección hacia el cantón El Empalme, en la provincia de Guayas.
Ante eso, los agentes se trasladaron hasta ese cantón y apresaron a dos sujetos, quienes confesaron haber asesinado a la pareja con ayuda del capataz. Además, revelaron que los habían enterrado dentro de la finca.
Cuando los agentes regresaron a la finca, realizaron una minuciosa búsqueda y hallaron los cadáveres enterrados. Esto fue el pasado 18 de agosto donde la Fiscalía mencionó que el móvil del crimen podría estar relacionado a un robo por parte del capataz de la finca ya que se conoció que hubo la venta de vacas y madera en esos días.
El Juez de Garantías Penales que conoció la causa dictó prisión preventiva para Adonis B., Luis C. y Edisson, además de una instrucción fiscal de 30 días.