La revisión técnica vehicular para la matriculación de los vehículos en el Distrito Metropolitano de Quito está suspendida hasta el 31 diciembre de 2020, según la decisión tomada por el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Juan Pazos Carrillo.
El pasado 9 de junio, el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), en una resolución dispuso reactivar el proceso de calendarización para matriculación de los vehículos particulares, transporte público y comercial y habilitar el pago de valores por este concepto y la revisión técnica vehicular.
Sin embargo, en el caso de Quito, el secretario de Movilidad, Guillermo Abad, pidió la suspensión de la revisión técnica durante el 2020, por efectos de la pandemia y las dificultades que se tendría para reanudar la operación considerando la cantidad de vehículos pendientes de revisión y la capacidad para atender la demanda.
La ANT dio paso a la petición de la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, y para el caso del resto del país dispuso que la reactivación o no de la revisión técnica vehicular dependerá de la valoración de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).
Por lo tanto,”los GADs, que tengan dificultades para atender a todos los usuarios pendientes de realizar la revisión técnica vehicular en el marco de la emergencia sanitaria y que no hayan podido cumplir con el proceso correspondiente de matriculación de acuerdo a la calendarización respectiva, podrán presentar una solicitud debidamente sustentada a la Agencia Nacional de Tránsito, donde contenga un plan específico que contemple una solución óptima, sin vulnerar derechos de los usuarios, de acuerdo a la normativa legal vigente”, señala la disposición general suscrita por el director ejecutivo de la ANT.
Se comprometió a trabajar en protocolos eficaces para poder reabrir los Centros de Revisión Vehicular en el 2021, tomando en consideración las nuevas disposiciones que existirían en los meses de noviembre y diciembre, considerando también, las proyecciones de contagio y demás problemáticas que puedan afectar a los ciudadanos, para garantizar que no se atente contra la salud de los usuarios y trabajadores.
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