El consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Javier Dávalos, denunció que, en 2019, la Superintendencia de Bancos y la Junta de Política Monetaria y Financiera dieron paso a una reforma de Ley que habría permitido un beneficio a la banca por la fijación de las tasas de interés.
En su denuncia, Dávalos recuerda que el 16 de noviembre de 2018, la Superintendencia de Bancos presentó a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el proyecto de reforma a las «Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del sistema financiero nacional» y a la «Calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones por parte de las entidades de los sectores financieros público y privado bajo control de la Superintendencia de Bancos» que establecen las definiciones de los segmentos de cartera de crédito para el sistema financiero nacional, entre los que constan el microcrédito y el crédito a PYMES, en los que se fijan los umbrales de ventas que delimitan cada segmento de crédito.
Para el 21 de diciembre de ese año, la Junta, «sin ninguna base técnica», aceptó las reformas y expidió la Resolución 486-2018-F modificando los parámetros de definición del microcrédito, que era considerado como el crédito que se otorga a las personas y empresas con ingresos o ventas anuales inferiores a los $ 100.000, para considerarlo como el crédito que se otorga a las personas y empresas con ingresos o ventas anuales inferiores a los 300.000 USD.
Dávalos denunció que esto provocó que las empresas y personas naturales que tenían un nivel de ventas entre USD 100.000 y USD 300.000 que, en su momento, podían acceder a un crédito a una tasa de interés máxima de 11,83%, con la reforma llegarán a pagar tasas de hasta 30,50% de interés anual por los créditos que solicitaban a los bancos.
Pará Dávalos, esto explicaría el incremento de utilidades de la banca privada, que pasó de los $554 millones en el 2018 a los $616 millones en 2019, convirtiéndose en el año con mayores ingresos jamás registrados por este sector.
El consejero denunció que el mecanismo fue canalizado por parte del exministro de Finanzas, Richard Martínez, luego de un informe elaborado por el Superintendente de Bancos encargado, Juan Carlos Novoa (nombrado por el CPCCS-Transitorio).
Después de un año de vigencia, se regresó al esquema anterior y se volvió a considerar al microcrédito como aquel que se le otorga a una persona natural o jurídica con un nivel de ventas anuales inferior a los USD 100.000 .
Sin embargo, la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui, se negó a entregar la información sobre esta decisión, mediante oficio Nro. SB-DS-2020-0140-0 de 17 de marzo de 2020 indicando, de manera falsa, que era documentación reservada.
Así se legalizó el saqueo de los bancos a los usuarios del sistema financiero en 2019. El año que tuvieron más utilidades que nunca antes. No más #BancosAbusivos pic.twitter.com/9HlnF5mu0F
— Juan Javier Dávalos (@davalosjuanja) March 17, 2021
Be the first to comment