El presidente de Brasil, Michel Temer, decretó hoy la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que estará encabezado por el actual ministro de Defensa, Raúl Jungmann, en un intento por mostrar su voluntad de combatir la violencia y en medio de la polémica actuación del Ejército en Río de Janeiro.
En un mensaje de apenas dos minutos, que no admitió preguntas, el portavoz de la Presidencia, Alexandre Parola, anunció la creación de un ministerio destinado a «coordinar la integración de los servicios de seguridad pública en todo el territorio nacional en colaboración con las autoridades regionales».
Según la Constitución brasileña, la seguridad es una competencia de los estados, por lo que hasta ahora el Gobierno federal no tenía un departamento exclusivo para esta área, aunque Temer anunció en enero de 2017 un ambicioso Plan Nacional de Seguridad que no ha cumplido sus objetivos.
El Ministerio de Seguridad Pública tendrá bajo su mando a la Policía Federal, la Policía de Carreteras, el Departamento Penitenciario Nacional y la Secretaría Nacional de Seguridad (que incluye a la Fuerza Nacional de Seguridad), que antes formaba parte de la estructura del Ministerio de Justicia.
El decreto que crea la cartera entra en vigor de forma inmediata, pero el Congreso tiene hasta 60 días para refrendarlo.
En Defensa, Jungmann será sustituido por el general Joaquim Silva y Luna, actual secretario ejecutivo del ministerio.
Temer adelantó su intención de crear este departamento a principios de febrero, tras decretar una intervención federal que deja la Seguridad Pública en manos del Ejército en Río de Janeiro hasta finales de diciembre y que, hasta ahora, no ha impactado en los índices de violencia.
La intervención fue severamente cuestionada por organizaciones civiles alertadas por los excesos cometidos por el Ejército en anteriores experiencias en favelas de Río de Janeiro.
Las críticas arreciaron el viernes, después de que los primeros operativos militares mostraran a los soldados tomando fotografías de moradores de comunidades y de su documentación, lo que se interpretó como un método para «fichar» a los vecinos.
La Defensoría Pública de Río acusó a los miembros del Ejército que participaron en los «fichajes» de violaciones a los derechos humanos y recordó que «la percepción de seguridad necesita venir acompañada de la preservación del estado democrático de derecho».
También la Defensoría Pública de Brasil pidió hoy al interventor de la seguridad pública en Río de Janeiro, el general Walter Souza Braga Netto, que preserve los derechos de la población, en un comunicado en el que manifestó su preocupación por la posibilidad de que los militares usen mandatos colectivos de búsqueda y aprehensión que permitirían allanar barrios enteros.
Temer, que asumió el poder en mayo de 2016 -tras la destitución de Dilma Rousseff- y concluirá el mandato en diciembre, ha negado que su decisión responda a intereses electorales, en medio de rumores que apuntan a su posible candidatura para las presidenciales del próximo octubre.
El presidente ha insistido en que la situación de inseguridad en Río de Janeiro fue lo que «llevó a la conclusión de que era necesario».
«Queremos una verdadera intervención social que nos traiga vida. No queremos una intervención militar que traiga la muerte», denunció la Federación de Asociaciones de Favelas de Río de Janeiro.
«Las intervenciones militares son caras, largas e ineficaces, incluso desde el punto de vista de la seguridad pública. Sugerimos que las tropas se destinen a patrullar las fronteras de Brasil, pues de conocimiento público que de ahí llegan las armas y las drogas que alimentan el tráfico en las comunidades cariocas», advirtió. EFE
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