El trámite de notariar una unión de hecho, más su registro en las cédulas de identidad de los convivientes, es más caro que un matrimonio civil en Ecuador.
Lo primero requiere del pago de la tasa en la notaría (homologada en $ 44,73 por el Consejo de la Judicatura), más la del Registro Civil para inscribirla en los documentos de identidad ($ 50) y tramitar las nuevas cédulas (a un costo de $15 cada una). Es decir, el valor suma $ 124,73.
El costo puede subir, afirma Christian Paula, presidente de Fundación Pakta, ya que hay notarías que solicitan la contratación de un abogado para que elabore una minuta. “Casarse cuesta $ 80 ($ 50 que es la tasa que cobra el Registro Civil más el costo de las dos nuevas cédulas con el estado civil de casado que suma $ 30) y el procedimiento de la unión de hecho entre tener la minuta del abogado, elevar a escritura pública en la notaría y cancelar en el Registro Civil, todo puede superar los $ 300”.
Las uniones de hecho son un mecanismo para proteger un patrimonio en común. Así cuando una de las personas de la pareja fallece, los bienes quedan para la que sobrevive.
En Ecuador se desconoce el número exacto de convivencias, porque no hace falta su registro o inscripción para confirmar su existencia jurídica.
pueden negarse a legalizar los vínculos libres de dos personas del mismo sexo. Agrega que hay parejas GLBTI que le han pedido que estén testigos, sus padres y “hasta traen champán”.
La resolución del 22 de agosto del 2014, que permitió el registro de la unión de hecho como un dato del estado civil en las cédulas, dispuso que ese servicio se haga desde el 15 de septiembre de ese año.
Desde entonces y hasta enero pasado, el número de uniones de hecho registradas en las cédulas es de 15.992. El 97% de ellas corresponde a parejas heterosexuales y el 3% a uniones de personas del mismo sexo.
Si bien el número anual de matrimonios es considerablemente mayor, hay una tendencia a la baja de estos. En 2011 se dieron 73.579 y en 2017 (la última cifra disponible) hubo 60.353, un 18% menos, según el INEC. Mientras que el registro de las uniones de hecho subió 80% entre el 2015 y el 2018.
Moya recomienda la legalización de la convivencia porque resulta útil en materia sucesoria. Él tuvo el caso de dos hombres que habían legalizado su unión de hecho. Luego uno de ellos falleció en un accidente. Como era joven, no había hecho testamento.
En ese caso, asegura Moya, rigen las reglas de lo que se llama como sucesión intestada “la que establece que cuando una persona muere sin dejar testamento, todo pasa a sus hijos, si no tiene, pasa a los padres y/o el cónyuge, después a los hermanos, a los sobrinos y al Estado”.
Como los padres del fallecido ya habían muerto, cuando los hermanos reclamaron la sucesión de los bienes, “la pareja con quien había formalizado tuvo derechos preferentes porque tiene los mismos efectos que un matrimonio”, indica Moya.
Otra garantía se evidencia en que las uniones libres pueden acceder a los mismos servicios y beneficios que los de un matrimonio en el IESS. Grace Atiencia, coordinadora de afiliación y control técnico del Guayas de la entidad, menciona como ejemplo al seguro de montepío (pensión por viudez) que se cancela si el afiliado fallecido tiene un mínimo de 60 aportaciones. “Los requisitos que se piden a las parejas heterosexuales son iguales para las del mismo sexo”. Incluso el sobreviviente de la pareja puede retirar los fondos de reserva y de cesantía si el fallecido los tuviere.
La pensión se entrega al viudo o viuda mientras no contraiga un nuevo matrimonio o unión de hecho. Registrar el vínculo libre en las cédulas simplifica los trámites . “La base de datos del IESS está relacionada a la del Registro Civil, entonces lo indispensable es la cédula porque allí indica unión de hecho con tal persona”.
El afiliado al IESS que tiene una unión de hecho puede extender la cobertura en medicina general, atención ambulatoria, hospitalaria, odontológica, rehabilitación física, exámenes de laboratorio y medicinas para su pareja con el pago del 3,41% de aporte adicional.
Sin embargo, la activista Silvia Buendía señala que las uniones de hecho no ofrecen la misma protección. “El matrimonio, según el Código Civil, es un contrato solemne que puede terminar con un divorcio que necesita de un juicio o proceso en el que un juez en sentencia lo determine”,
En cambio, para terminar una unión de hecho, indica Buendía, basta que uno de los miembros de la pareja diga que ya no quiere estar más unida.
A ello se suman las barreras sociales. Buendía tuvo el caso de una pareja de lesbianas en la que a una de ellas le impidieron estar en el parto de su conviviente. “Esta mujer se desesperó y le pidió a un amigo que entre y a él sí lo dejaron pasar. A los heterosexuales no les piden el acta de matrimonio para que entre el esposo al parto”.
Uniones libres de mujeres tienen problemas para inscribir niños
“Fue lindo”, dice Ámbar Sánchez, de 25 años de edad, cuando recuerda la fecha en que se conoció con Dora López, de 41, el 5 de diciembre del 2015. “Fue en una discoteca”. Ya en marzo del 2016 fueron a una notaría de Guayaquil para legalizar la unión de hecho.
Desde entonces viven juntas en una casa de bloques aún en construcción a la altura del km 7 de la vía Durán-Tambo. Allí llegaron con Sebastián, nacido el 28 de octubre del 2017.
Antes de que Ámbar lo conciba, vio junto a Dora un video sobre el caso Satya, hija biológica de la británica Nicola Rothon, quien logró inscribir a la niña en el Registro Civil en Quito con el apellido de ella y el de su pareja mujer, Helen Bicknell. Esto tras una acción de protección aceptada por la Corte Constitucional el 29 de mayo del 2018. La resolución llegó tras seis años de iniciada la demanda.
Rothon concibió a Satya con un tratamiento de inseminación artificial regular, pero la experiencia de Ámbar y Dora ha sido distinta. Ellas cuentan que en las primeras visitas a las oficinas del centro de Guayaquil del Registro Civil nacional las vieron como bichos raros y les dijeron que no podían inscribir a Sebastián con el apellido de ambas.
“No pasamos del primer módulo las dos primeras veces que fuimos”, asegura Dora. En la tercera ocasión acudieron con la activista de derechos humanos Silvia Buendía. Recién allí, añade Ámbar, les explicaron los requisitos para inscribirlo.
Les pidieron fue un certificado de la clínica donde se realizó la inseminación artificial, pero ellas no tienen el documento ya que el niño fue procreado de forma no tradicional con la ayuda de un amigo de la pareja que donó el semen y de una doctora que realizó el procedimiento con una jeringa.
“Hicimos los exámenes de laboratorio del donante y le dijimos que firmábamos un papel para que quede liberado de responsabilidad de apellidos y manutención, pero nos dijo que era nuestro amigo y que por eso nos ayudaba”, dice Dora.
La opción que les han dado es que inscriban al menor con el apellido de la madre biológica. “Pero por qué si nosotras somos un hogar, tenemos una unión de hecho”, recalca Ámbar, quien dice que no pudieron costear un tratamiento de inseminación artificial que en el país cuesta desde $ 2.000.
Sebastián tiene ya seis años y medio sin documento de identidad, por lo que no puede acceder a beneficios como hijo de una afiliada al IESS. En este hogar, Dora es la que trabaja y Ámbar es ama de casa.
Parejas heterosexuales son las que más registran los vínculos
Juan, de 31 años, y Elvira, de 32 –ambos nombres protegidos– son una de las 15.992 parejas que registraron su unión de hecho en sus cédulas de identidad en Ecuador desde enero del 2015 hasta enero de este año.
“Necesitábamos un poder por nuestro hijo, entonces para la facilidad de hacer ese trámite decidimos legalizar la unión de hecho en la notaría”, afirma Juan, quien prefiere mantener su nombre en reserva. “Es como casarse nos han dicho”, agrega.
La historia de él con Elvira empieza hace tres años cuando se conocieron en un hospital de Guayaquil. En ese entonces, el padre de Juan fue internado por un aneurisma y su actual conviviente era su doctora.
“Fue chistoso, sin querer, en una conversa sobre un tratamiento de nebulización para mi padre, nos hicimos amigos”, indica Juan.
Tras el nacimiento del hijo de ambos, hace un año y cinco meses, decidieron legalizar su unión de hecho, en abril del 2018, y luego fueron al Registro Civil. “Es importante conocerse primero, igual ella quiere casarse por la iglesia, aunque está identificada como mi esposa, en todo trámite que hago sale el nombre de ella”, refiere.
Juan trabaja en una empresa exportadora de banano, donde cobra la carga por utilidades desde que hicieron la legalización de la unión de hecho.
Siempre hay mayor desconfianza en los trabajos cuando es una unión de hecho, añade, pero en este caso está el respaldo del estado civil de las cédulas.
Otra de las motivaciones para legalizar la relación es que tienen previsto realizar un crédito hipotecario solidario en enero próximo. Así tienen la posibilidad de conseguir un mayor monto, ya que se expande su capacidad de deuda.
El cobro de las cargas por utilidades es una de las razones por las que las parejas heterosexuales deciden legalizar sus uniones libres. En este grupo están también las parejas que han decidido no tener hijos por lo que optan por esta opción, que es más fácil de disolver, ya que no necesita de un juez.
También hay parejas que como enamorados legalizaron en la notaría sin vivir juntos con el fin de cobrar la carga por utilidades. Es el caso de una pareja en Guayaquil. Ella hizo el trámite en 2011. Desde entonces no lo ha disuelto. Incluso desde hace cuatro años ya convive con otra persona.
Juan decidió seguir el camino no tradicional, por así decirlo, según afirma, ya que la mayoría de parejas de su entorno se ha casado, pero él y Elvira prefieren esperar.
El derecho al matrimonio civil, pedido de la comunidad GLBTI
Efraín Soria, de 50 años de edad, y Javier Benalcázar, de 41, mantienen una relación desde hace doce años en Quito. Hace una década legalizaron la unión de hecho a raíz de que en la Constitución vigente se estableció que este vínculo es la unión de dos personas, sin mencionar género.
Efraín afirma que legalizaron la relación con el fin de cobrar la carga por las utilidades, uno de los derechos de las parejas en unión libre. Javier trabajaba en una telefónica privada, pero cuando llegó el momento del cobro, el empleador no aceptó el trámite realizado en la notaría escogida por ellos.
“Nos pidieron que la hagamos en una notaría que el empleador recomendaba, lo hicimos, pero luego dijeron que estábamos presentando a destiempo y no pagaron. En el caso de los matrimonios nunca los mandan a casar en otra oficina para creerles”, dice Efraín.
Ambos concuerdan en que con el tiempo la situación ha cambiado. Por ejemplo, ellos ya registraron su unión de hecho en las cédulas de identidad, lo que puede hacerse desde septiembre del 2014. Esto les permitió hacer un crédito hipotecario en sociedad solidaria.
“Pero la unión de hecho no garantiza en un 100%. Primero cuando la gente se casa solo cancela la tasa correspondiente en el Registro Civil, pero en la unión libre se paga al abogado para la minuta, se paga la tasa en la notaría, más la de registrar en la cédula, es un costo más elevado”, indica Efraín.
La Constitución señala que las uniones de hecho y los matrimonios tienen la mismas garantías, pero a las primeras les hace falta solemnidad, agrega Efraín. “Aquí en las uniones es pase por ventanilla y retire”.
Soria y Benalcázar esperan la resolución de la Corte Constitucional (CC), luego de que les negaron una acción de protección interpuesta porque no les permitieron casarse en el Registro Civil en Quito en 2018.
La CC debe decidir si dos personas del mismo sexo se pueden casar, pese a que la Carta Magna dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esta es una de las demandas de la comunidad de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales (GLBTI). “Se espera la resolución hasta el 28 de mayo”, indica Efraín.
Para ellos el matrimonio da seguridad jurídica. Creen que el matrimonio civil anula la unión de hecho. No es así, para casarse con otra persona, quien tiene una unión de hecho registrada debe anularla. Si es de mutuo acuerdo y no hay hijos ni bienes lo hacen ante un notario, pero en caso contrario es ante un juez, como un divorcio. (El Universo)
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