La Corte Constitucional (CC) suspendió de manera provisional el plazo establecido en la Ley de Integridad Pública para que las cooperativas de ahorro y crédito de mayor tamaño se transformen en bancos. La decisión se adoptó tras admitir a trámite una demanda de inconstitucionalidad presentada por la Asociación de Organismos de Integración del Sector Financiero Popular y Solidario (Asofipse).
Según el fallo del tribunal de admisión, la conversión obligatoria podría ocasionar daños irreparables a la naturaleza jurídica de estas entidades. «El cambio generaría efectos estructurales que difícilmente podrían ser revertidos posteriormente, lo cual configura un daño irreparable», señala el documento.
Edgar Peñaherrera, presidente de Asofipse, sostiene que las cooperativas no tienen fines de lucro y que sus socios son, al mismo tiempo, clientes. «El sistema financiero privado capta recursos en las ciudades pequeñas y los lleva a las grandes para colocar créditos. En nuestro caso es al revés. Eso ayuda a dinamizar las economías locales», explicó.
La norma suspendida fue incluida por la Asamblea Nacional en el segundo debate de la Ley de Integridad Pública. Establecía que, en un plazo de 90 días, la Junta de Regulación Financiera y Monetaria debía identificar las cooperativas consideradas grandes —por su nivel de interconexión o riesgo sistémico— para transformarlas en sociedades anónimas. El reglamento de la ley contemplaba un análisis de variables como el volumen de activos y su impacto potencial en el sistema financiero.
«Ninguna cooperativa debería transformarse en banco», insistió Peñaherrera, quien aclaró que no se oponen al control estatal. «Si quieren poner más controles, está bien. Pero hay que entender la lógica del mercado cooperativo, que es distinta a la bancaria».
Actualmente, en Ecuador existen 393 cooperativas de ahorro y crédito que suman 6,1 millones de socios y manejan activos por cerca de USD 29 000 millones. Este sector ha crecido significativamente en la última década y representa una opción importante de financiamiento para miles de personas, especialmente en zonas rurales y sectores excluidos del sistema bancario tradicional.
Desde el Ejecutivo y el Legislativo se ha argumentado que el objetivo de la reforma es proteger los ahorros de los ciudadanos y preservar la estabilidad del sistema financiero. No obstante, con esta suspensión temporal, la disposición no podrá aplicarse mientras la Corte analiza el fondo de la demanda.