VIDEO | La Policía capturó al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales

La policía ha detenido al prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, horas después de haber allanado su domicilio en la madrugada. Morales no se encontraba en su casa cuando llegó la policía, pero el ministerio de Gobierno y la Fiscalía confirmaron a las 10.00 de este miércoles su detención en el marco de las investigaciones por irregularidades en las compras de insumos médicos en emergencia. El comandante de la policía, Patricio Carrillo, asegura que el prefecto es trasladado para calificación de flagrancia.

El expresidente Abdalá Bucaram también fue detenido en el operativo en Guayas y Quito, coordinado por la Fiscalía en la madrugada. Se efectuaron doce allanamientos en la capital y varios más en sectores de Guayaquil, con el resultado inicial de cinco detenidos y cinco retenidos. Según informó la Fiscalía a través de redes sociales, la detención de Bucaram se debe a que en el operativo se le encontró un arma de fuego «sin que presente justificativo de su posesión».

La Fiscalía «allanó el domicilio del expresidente Abdalá Bucaram, ubicado en Kennedy Norte, dentro de las investigaciones iniciadas por presunto peculado en compras de insumos médicos en el Hospital del Seguro Social». En las imágenes que adjunta la Fiscalía sobre los allanamientos hay numerosas cajas de pruebas médicas para detectar COVID-19 y de material de protección como mascarillas.

El equipo fiscal conformado para investigar casos de corrupción en compras de emergencia ejecutó órdenes de allanamiento y detenciones simultáneas en Quito y Guayaquil. Se realizaron en la madrugada de este miércoles 3 de junio la Fiscalía. En total, ha habido doce allanamientos en Quito; y en Guayaquil, también se ha incluido el domicilio del prefecto Carlos Luis Morales y junto a las de tres miembros de la familia Bucaram.

Entre las cinco personas detenidas, están el Gerente de la Empresa Agua de Quito y administradores del contrato, en el marco de la investigación por la compra de insumos de bioseguridad con presuntos sobreprecios, según la Fiscalía. Otras cinco personas fueron «retenidas con fines investigativos, entre ellos Sofía R., prima del Vicealcalde de Quito, entre otros asesores del gerente» de la empresa pública. En la empresa Agua de Quito se investiga un posible desvío de fondos de un millón de dólares.

El operativo en la vivienda del prefecto Morales se enmarca, indicó la Fiscalía, dentro de la investigación «por presunto tráfico de influencias en adquisición de insumos médicos, como exámenes de COVID-19 y mascarillas». Morales no ha sido inicialmente localizado, según información del ministerio de Gobierno. La intervención en Guayas involucró a 45 fiscales que dirigieron «allanamientos a viviendas en Sauces, Bellavista y Suburbio Oeste, en Guayaquil, y en vía a Daule y Samborondón«, detalló el Ministerio Fiscal por «supuesto tráfico de influencias en la compra de insumos médicos por parte de la Prefectura del Guayas.

El prefecto Morales aseguró ayer en un tuit que estaba dando toda la apertura a la investigación que le rodea por las adquisiones de emergencia. “Presenté una denuncia ante la Fiscalía Provincial donde pido que se investigue a varias personas e inclusive (sic) a los dos hijos de mi esposa como presuntos involucrados en las supuestas irregularidades de la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria”, comentó en su cuenta de Twitter, adjuntando imágenes captadas por las cámaras de seguridad del interior de la vivienda.

El excandidato presidencial, Dalo Bucaram, protestó pocos minutos después de darse a conocer los allanamientos a través de las redes sobre la intervención que también se ha realizado en su domicilio. «¡En un atropello total de derechos, sin la presencia de nadie en mi domicilio, la policía irrumpe en mi hogar sin denuncia ni delito alguno! Esto es un atropello sin precedentes», cuestionó Dalo Bucaram dirigiéndose al presidente Lenín Moreno y calificando la actuación policial y fiscal de un «abuso» sin garantías al «debido proceso».

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, defendió en televisión, minutos después de informarse de los operativos que «todos los allanamientos tienen detrás una solicitud de la fiscalía y una orden de juez» y añadió detalles: en Guayaquil se han realizado 11 allanamientos y 9 detenciones, que confirmó que el prefecto Morales no se encontraba en su domicilio en el momento del allanamiento que se ejecutó de madrugada.

Sobre la detención de Abdalá Bucaram, Romo indicó que el arma es una de las razones, pero la Fiscalía también tenía orden para detener y retener a otras personas. «Aún tenemos órdenes para detener a unas decenas personas en Quito y Guayaquil«, adelantó la ministra que ofreció más información durante la mañana. «La verdad es que tenemos a más altos cargos de Gobierno detenidos que en toda la historia del país. No es cierto que estos años han sido de impunidad», defendió Romo.

En los casos relacionados con la capital, un día antes del inicio del amarillo en el semáforo epidemiológico por el coronavirus el alcalde de Quito Jorge Yunda, denunciaba que «las cuentas del Banco Central de la empresa Agua de Quito han sido atacadas digitalmente«. Señaló que presentó la denuncia en Fiscalia. Pidió la ayuda inmediata de todas las autoridades para evitar cualquier perjuicio.

Pero de inmediato el Banco Central respondió asegurando que to

ecnológicos de seguridad. Yunda, entonces, añadió en redes que «se están haciendo las gestiones para evitar un robo de las arcas de la empresa Agua de Quito». Pidió cárcel a quienes lo hicieron «por ladrones». «Nunca entenderé tanta picardía, señor gerente pida los pasaportes a sus funcionarios». La sospecha es que se habrían utilizado las claves de acceso a las cuentas de la Empresa de Agua de Quito para hacer transferencias de fondos a otras cuentas, probablemente en el exterior.

Los operativos de la madrugada de este miércoles suceden al anunció que hizo la Fiscal General, Diana Salazar, el lunes en Quito -y que repitió el martes en Guayaquil, en compañía de la ministra de Gobierno, María Paula Romo- de reforzar el equipo que investiga las emergencia sanitaria y las contrataciones de insumos médicos con una Fuerza de Tarea enfocada en las pesquisas sobre sobreprecios en la compra de insumos, implementos y materiales de bioseguridad.

Hasta ese día se mantenían abiertos al menos 45 expedientes derivados de posibles irregularidades en las contrataciones por la emergencia. Según denunció Salazar, muchos de ellos no pueden avanzar porque involucrarían a alcaldes y prefectos y en las cortes provinciales solo se despachan las causas que estaban en trámite antes del inicio de la cuarentena. Mañana jueves el Consejo de la Judicatura aprobará una resolución para la reactivación de plazos y términos en ese sector de la justicia. (Expreso)

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