Panamá deportará en los próximos días a migrantes ecuatorianos que hayan ingresado al país a través de la selva del Darién. Se trata de una medida acordada y financiada por Estados Unidos para contener el paso de migrantes en esta peligrosa ruta.
Los primeros en ser deportados de Panamá, bajo este acuerdo migratorio, fueron 29 colombianos con antecedentes criminales que también atravesaron la frontera de Colombia por el Darién.
“El siguiente vuelo será a Ecuador”, porque “la segunda nacionalidad con más gente allí [en el Darién] es ecuatoriana”, dijo el presidente José Raúl Mulino en su rueda de prensa semanal, sin precisar el día ni la cantidad de personas que serán deportadas o si tienen antecedentes penales.
Esta semana, el ministro panameño de Seguridad, Frank Ábrego, visitó Guayaquil para asistir a una reunión regional de seguridad, donde habría informado a las autoridades locales sobre la próxima deportación de migrantes.
“El ministro Ábrego estuvo en estos días allá […] y me dará detalles hoy”, dijo Mulino, quien suscribió el acuerdo migratorio con Estados Unidos el mismo día que asumió el poder, el 1 de julio.
Mediante el convenio, Washington se comprometió a financiar con seis millones de dólares la deportación desde Panamá de migrantes que crucen el Darién.
“Progresivamente, iremos haciendo lo que corresponde, pero me anima ver que arrancamos el acuerdo con Estados Unidos”, indicó Mulino.
Cerca de 15.000 ecuatorianos han cruzado el Darién este año
Más de 520.000 personas cruzaron esa selva en 2023, dos tercios de ellos venezolanos, según cifras oficiales panameñas. Este año han hecho la peligrosa travesía más de 231.000, entre ellos 153.577 venezolanos, 14.598 ecuatorianos, 14.674 colombianos y 12.065 chinos.
En el balance de este jueves, los colombianos superaron levemente la cifra de ecuatorianos.
Durante la campaña electoral, Mulino había prometido “cerrar” el Darién a la migración; pero, una vez en el poder, matizó esas declaraciones al afirmar que no planeaba hacer repatriaciones “a la fuerza” sino voluntarias, y deportaciones de personas con antecedentes penales.
En esta selva de 575.000 hectáreas de superficie los migrantes enfrentan numerosos riesgos naturales y también el riesgo de ser asaltados, violados o asesinados por bandas criminales.